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La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) ha impuesto una multa de $2.645 millones a Comunicación Celular S.A. (Claro) por infringir varias normas de protección al consumidor.
La sanción fue impuesta tras detectar diversos incumplimientos que afectaron los derechos de los usuarios de la compañía de telecomunicaciones.
Según un comunicado oficial de la SIC, la investigación se originó a raíz de tres denuncias presentadas por usuarios, las cuales evidenciaron que Claro había vulnerado varios puntos clave de los derechos de los consumidores. Entre las principales infracciones encontradas, destacan: la falta de información adecuada a los usuarios, el incumplimiento de las promociones ofertadas, cobros por servicios no autorizados, la interrupción de la prestación continua de servicios y la inclusión de varios períodos de facturación dentro de una sola factura.
La sanción fue impuesta por la Dirección de Investigaciones de Protección de Usuarios de Servicios de Comunicaciones de la SIC, como parte de su compromiso de proteger los derechos de los consumidores en el sector de las telecomunicaciones. La entidad también subrayó que la empresa tiene la posibilidad de apelar la decisión a través de un recurso de reposición ante la misma Dirección.
Reacciones de Claro
Hasta el momento, Claro no ha emitido un pronunciamiento público sobre la multa impuesta. Sin embargo, la compañía indicó que los problemas detectados ya han sido solucionados. En su defensa, la empresa ha manifestado que los inconvenientes fueron resueltos de acuerdo con las normativas y se comprometió a mejorar sus procesos para evitar futuros incumplimientos.
Esta nueva multa de más de $2.6 mil millones se suma a otra sanción que la SIC impuso a Claro a mediados de 2023 por la difusión de publicidad falsa, que, según la entidad, indujo a error a los consumidores con una promoción confusa sobre una tarjeta SIM prepago.
La SIC destacó que con esta medida busca fomentar la transparencia y la calidad en los servicios de telecomunicaciones en Colombia, asegurando que las empresas cumplan con las normativas y garanticen una adecuada protección de los derechos de los usuarios.
