La imputación realizada por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) contra seis exmiembros del secretariado de las FARC por 18.677 casos de reclutamiento forzado de menores ha generado una fuerte polémica, especialmente entre las víctimas, quienes consideran que los crímenes no han sido abordados con la suficiente rigurosidad.