A pocas semanas de las elecciones legislativas, la MOE alertó sobre el estancamiento en la participación femenina y exigió al CNE aplicar sanciones efectivas frente a la violencia política de género que se recrudece en campaña.

A menos de dos meses de las elecciones legislativas del 8 de marzo de 2026, la Misión de Observación Electoral (MOE) encendió las alertas sobre un fenómeno que históricamente se intensifica en tiempos de campaña: la violencia política contra las mujeres. En un pronunciamiento dirigido al Consejo Nacional Electoral (CNE), la organización pidió reforzar de manera urgente las medidas de prevención, seguimiento y sanción frente a este tipo de agresiones, advirtiendo que el escenario electoral actual combina estancamiento en participación femenina con altos niveles de hostigamiento.

Los datos recopilados por la MOE muestran que, pese a los avances normativos, la presencia de mujeres en las listas al Congreso no registra un crecimiento sustancial frente a 2022. Para las elecciones de 2026, el 60% de las candidaturas corresponde a hombres y el 40% a mujeres, una proporción que se mantiene como techo y no como punto de partida para una mayor representación real. En la Cámara de Representantes, la situación incluso retrocedió, con una reducción del 4% en el número de candidatas, al pasar de 771 a 742. En el Senado, de 16 cabezas de lista inscritas, solo seis están encabezadas por mujeres, un dato relevante porque esas posiciones concentran visibilidad, recursos y mayores probabilidades electorales.

La MOE subrayó que, aunque en este ciclo entra en vigor la Ley 2424 de 2024 —que obliga a incluir al menos una mujer en listas donde se elijan menos de cinco curules—, el cumplimiento formal de la cuota no garantiza condiciones reales de competencia. En elecciones anteriores, 19 de los 32 departamentos no estaban obligados a aplicar cuotas de género en ciertos escenarios, lo que profundizó las brechas territoriales. Según la organización, cuando la inclusión se limita a un requisito legal, las mujeres suelen quedar con menor respaldo interno, menos financiación y mayor exposición a ataques personales.

En ese contexto, la violencia política de género aparece como un mecanismo informal de exclusión. La MOE advirtió que durante las campañas se repiten patrones de agresión dirigidos a deslegitimar o silenciar a las mujeres: ataques a su vida personal, comentarios sobre su apariencia física, sexualización de su imagen, hostigamiento digital y cuestionamientos que no se aplican a los hombres en igualdad de condiciones. Este tipo de violencia no solo afecta a una candidata específica, sino que eleva los costos de participación política, desincentiva nuevas aspiraciones y empobrece el debate público, desplazando las propuestas por el ataque personal.

El llamado de la MOE se apoya en la Ley 2453 de 2025, vigente desde abril del año pasado, que define y regula la violencia contra las mujeres en política en sus dimensiones psicológica, simbólica, digital y sexual. Esta norma asigna al CNE responsabilidades claras en materia de inspección, vigilancia, prevención y sanción, lo que convierte al proceso electoral de 2026 en una prueba concreta de ejecución institucional y no solo de compromisos discursivos.

En ese marco, la MOE recordó que la violencia política de género no es un fenómeno abstracto ni marginal, sino una realidad que ya ha tenido expresiones visibles en el escenario nacional. Uno de los casos más emblemáticos es el del representante Duvalier Sánchez, quien ha sido señalado por ejercer violencia política y misógina contra la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, a través de ataques reiterados que han buscado deslegitimar su gestión y liderazgo desde una lógica de hostigamiento personal y político. Este episodio, ampliamente documentado y rechazado por distintos sectores, se ha convertido en un ejemplo de cómo el uso del poder político puede derivar en prácticas de exclusión y persecución contra mujeres en cargos de elección popular.

Para la MOE, permitir que estos comportamientos queden sin sanción envía un mensaje equivocado al sistema democrático y refuerza la idea de que la política sigue siendo un espacio hostil para las mujeres. Por ello, insistió en que el CNE debe actuar de manera preventiva, establecer lineamientos claros para partidos y campañas, y aplicar sanciones cuando se configure violencia política de género, garantizando así condiciones mínimas de equidad y participación.