Las denuncias por presunto acoso, violencia física, psicológica y política contra mujeres que involucran a funcionarios, contratistas y aliados cercanos al presidente Gustavo Petro siguen acumulándose. Con el más reciente escándalo protagonizado por el caricaturista y contratista estatal Julio César González, conocido como ‘Matador’, ya son al menos once los casos que rodean al actual Gobierno y que han puesto en entredicho el discurso feminista con el que el mandatario llegó al poder.

Durante la campaña presidencial, Petro insistió en que “el cambio sería con las mujeres” y prometió garantizar una vida libre de violencias, mayor representación política y autonomía económica. Sin embargo, a más de tres años de iniciado su mandato, distintos hechos y respaldos explícitos o silencios prolongados frente a denuncias graves han generado fuertes cuestionamientos sobre la coherencia entre el discurso y la práctica.

La polémica más reciente surgió tras una publicación de ‘Matador’, quien tuvo dos contratos con la Presidencia que sumaban cerca de 34 millones de pesos mensuales y hoy es candidato al Congreso con el aval del Pacto Histórico. El caricaturista comparó una obra de Fernando Botero con la senadora Paloma Valencia, en un mensaje que fue ampliamente calificado como misógino y que reavivó el debate sobre los límites del humor político y la violencia simbólica contra las mujeres.

Este no es un hecho aislado. En el listado figuran nombres como el del exviceministro del Interior Diego Cancino, investigado por una denuncia de acoso sexual; el médico Víctor de Currea-Lugo, quien pese a múltiples señalamientos por presunto acoso fue nombrado asesor presidencial; y el senador Alex Flórez, investigado por presunta violencia intrafamiliar agravada. A ellos se suman altos funcionarios y exfuncionarios como Julián Flórez, Cristóbal Padilla, Nelson Lemus Cruz, Daniel Garcés y el actual ministro del Interior, Armando Benedetti, todos señalados en distintos procesos por violencia de género o maltrato contra mujeres.

En este recuento también aparece Hollman Morris, gerente de RTVC, quien enfrenta múltiples denuncias por presunto acoso sexual y maltrato laboral, además de una denuncia de violencia intrafamiliar interpuesta por su exesposa. Pese a la gravedad de los señalamientos, varios de estos funcionarios han sido mantenidos en sus cargos o incluso promovidos, lo que ha alimentado críticas sobre un posible patrón de tolerancia institucional.

El listado incorpora ahora al político vallecaucano Duvalier Sánchez, quien ha sido señalado por ejercer de manera sistemática violencia política contra mujeres que se le oponen. Recientemente, Sánchez fue duramente cuestionado por publicar un video en el que opinaba sobre cómo deben vestirse las mujeres y en el que cuestionó cirugías estéticas realizadas por mujeres con cáncer, comentarios que fueron calificados como maltratadores, revictimizantes y misóginos por diversos sectores.

Las reiteradas denuncias han reabierto el debate sobre el silencio del presidente Petro frente a estos casos. En algunos episodios, el mandatario ha evitado pronunciarse; en otros, ha minimizado públicamente las denuncias, lo que para sectores políticos y organizaciones defensoras de derechos de las mujeres configura una forma de complicidad política.

Con más de una decena de casos conocidos, crecen las voces que cuestionan si el “cambio” prometido a las mujeres se quedó en el discurso y si el amiguismo y la conveniencia política han terminado imponiéndose sobre la gravedad de las denuncias y la necesidad de sanciones ejemplares.