Una denuncia hecha por un líder social de Jamundí desató una nueva controversia política en el Valle del Cauca y puso bajo el escrutinio público a Andrés Felipe Ramírez, exalcalde del municipio y actual candidato a la Cámara de Representantes. Los señalamientos apuntan a presuntos vínculos familiares con estructuras históricas del narcotráfico vallecaucano y a posibles irregularidades administrativas durante su gestión como mandatario local.

De acuerdo con la acusación, Ramírez sería sobrino de Delia Nohora Ramírez, quien fue cuñada de Elmer “Pacho” Herrera, uno de los principales jefes del extinto Cartel de Cali. Herrera fue ampliamente documentado por las autoridades judiciales como una figura clave del narcotráfico en el suroccidente del país, con influencia en redes de lavado de activos, adquisición de tierras y penetración de economías locales durante la década de los noventa.

El líder social sostiene que este vínculo familiar estaría acompañado de presuntas omisiones durante la administración municipal de Ramírez. Según la denuncia, varios predios del municipio habrían sido utilizados para operaciones irregulares asociadas al lavado de dinero, sin que desde la Alcaldía se adelantaran acciones eficaces de control, investigación o intervención.

Uno de los casos señalados es el terreno conocido como la llamada “Urbanización de la Felicidad”, un proyecto promovido públicamente durante el gobierno de Ramírez como iniciativa de desarrollo urbano y vivienda. Según el denunciante, este lote habría sido utilizado para legalizar recursos de origen ilícito, en una dinámica similar a la de otros predios de la zona que, durante ese periodo, habrían experimentado cambios de uso, valor y titularidad sin controles claros por parte de las autoridades locales.

La denuncia también incluye un señalamiento de especial gravedad: la presunta autorización de una estación de gasolina ilegal en la parte alta de Jamundí durante la alcaldía de Ramírez. De acuerdo con el líder social, esta infraestructura habría operado sin cumplir los requisitos legales y habría servido para abastecer a actores vinculados al narcotráfico que se movilizan por corredores estratégicos entre Jamundí, el norte del Cauca y el sur del Valle del Cauca.

Estas acusaciones surgen en un contexto político sensible, debido al respaldo que Ramírez ha recibido de sectores cercanos al representante del Partido Verde, Duvalier Sánchez, quien también ha estado envuelto en polémicas recientes. Para sectores críticos, el caso evidencia cómo redes de poder local, vínculos familiares y economías ilegales continúan cruzándose en la política territorial.

Aunque las denuncias aún no han sido judicializadas ni se han pronunciado las autoridades competentes, el caso reabre el debate sobre la necesidad de mayor control político y escrutinio ciudadano en regiones históricamente afectadas por el narcotráfico y la captura de instituciones locales. En plena antesala electoral, Jamundí vuelve a quedar en el centro de cuestionamientos sobre el ejercicio del poder y la transparencia en la política regional.