Una nueva polémica sacude al Congreso de la República tras una denuncia que involucra al senador del Pacto Histórico, Wilson Arias, y a su hija, Anabel Arias Cuéllar. Según la acusación, la joven estaría vinculada como integrante de la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) del representante a la Cámara Alfredo Mondragón, fórmula política de Arias, con un salario cercano a los 14 millones de pesos mensuales.

De acuerdo con la denuncia hecha pública por la aspirante a la Cámara Alejandra Cifuentes, aunque Arias Cuéllar figura oficialmente como asesora legislativa, en la práctica no estaría desempeñando funciones propias del Congreso. Por el contrario, su labor principal sería hacer proselitismo político y campaña electoral a favor de su padre y del representante Mondragón, lo que podría configurar un presunto delito por el uso indebido de recursos públicos con fines políticos.

La situación ha generado cuestionamientos sobre posibles prácticas de nepotismo y clientelismo dentro del Legislativo, especialmente porque la contratación no se da directamente en la UTL del senador Arias, sino en la de su aliado político en la Cámara, lo que para los denunciantes evidenciaría una estrategia para eludir controles y cuestionamientos éticos.

El señalamiento cobra mayor relevancia en medio del contexto económico del país, marcado por anuncios de emergencia económica, incrementos de impuestos y reiterados mensajes del Gobierno sobre la falta de recursos fiscales. Para los críticos, resulta contradictorio que, mientras se pide a los ciudadanos asumir mayores cargas, desde sectores del oficialismo se mantengan contratos de alto valor que, según la denuncia, estarían siendo usados para fines distintos a los establecidos por la ley.

Hasta el momento, ni el senador Wilson Arias ni el representante Alfredo Mondragón han emitido un pronunciamiento oficial frente a estas acusaciones. Sin embargo, el caso ya comenzó a circular en escenarios políticos y redes sociales, donde se exige a los organismos de control que investiguen si se incurrió en faltas disciplinarias o penales relacionadas con el uso de recursos del Congreso para actividades de campaña.