Una inédita rebelión política se desató este jueves contra el Gobierno nacional luego de que los gobernadores de los 32 departamentos y los alcaldes de las principales capitales del país anunciaran que no aplicarán los nuevos impuestos decretados por el presidente Gustavo Petro al amparo de la emergencia económica. Los mandatarios regionales consideran que las medidas son inconstitucionales y vulneran la autonomía fiscal de los territorios.

La decisión fue adoptada tras una reunión extraordinaria de la Federación Nacional de Departamentos (FND) en Bogotá. Allí, los gobernadores manifestaron su rechazo al decreto que aumenta el Impuesto al Consumo y eleva el IVA del 5% al 19% para licores y cigarrillos, al considerar que la norma traslada recursos de los departamentos al Gobierno central bajo la figura de renta cedida, afectando directamente los presupuestos destinados a salud, educación, deporte y programas sociales.

Según los mandatarios, los nuevos tributos representan un riesgo para la sostenibilidad financiera de las administraciones departamentales y limitan su capacidad para garantizar servicios esenciales. Por ello, anunciaron que acudirán a la figura de la excepción de inconstitucionalidad, que permite no aplicar normas que contraríen la Constitución, sin esperar un fallo de fondo de la Corte Constitucional sobre la emergencia económica.

La postura fue respaldada incluso por gobernadores cercanos al Ejecutivo. Entre ellos, Luis Alfonso Escobar, de Nariño, quien se sumó al bloque regional que decidió enfrentar jurídicamente el decreto. Además, los departamentos conformaron una comisión para solicitar intervención directa ante la Corte Constitucional, integrada por las gobernadoras del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, y del Tolima, Adriana Magali Matiz, así como los gobernadores de Antioquia, Córdoba, Caquetá y Nariño.

Horas después, los alcaldes de las principales ciudades, agremiados en Asocapitales, emitieron un pronunciamiento en la misma línea y pidieron a la Corte Constitucional suspender los efectos de la emergencia económica. A su juicio, la medida compromete las finanzas territoriales y genera inseguridad jurídica en plena ejecución presupuestal.

La reacción del Gobierno fue inmediata. El ministro del Interior, Armando Benedetti, calificó la decisión de los gobernadores como un desacato y advirtió posibles consecuencias legales. Señaló que desconocer el decreto podría configurar prevaricato y acarrear responsabilidades patrimoniales para los mandatarios que se nieguen a cumplirlo. En el mismo sentido, el ministro de Justicia anunció acciones jurídicas contra las autoridades locales que no implementen las disposiciones del Ejecutivo.

Desde el Ministerio de Hacienda y la Dian, el Gobierno defendió la legalidad de las medidas y aseguró que los nuevos impuestos no ponen en riesgo las finanzas de las entidades territoriales. Según el Ejecutivo, el decreto respeta el recaudo departamental y se enmarca en los principios de colaboración armónica entre la Nación y los territorios. Además, el Gobierno convocó a los mandatarios regionales a una reunión para discutir los alcances de la emergencia económica.

El choque entre el Ejecutivo y los gobiernos locales se produce en un contexto de alta tensión política y en plena antesala del ciclo electoral de 2026. Analistas advierten que este frente común de gobernadores y alcaldes contra el presidente Petro no tiene precedentes recientes y refleja el deterioro de la relación entre el poder central y las regiones, así como el creciente pulso institucional por el control de los recursos públicos en el país.