El presidente de Fedegán, José Félix Lafaurie, respondió con dureza a una investigación periodística publicada por Daniel Coronell sobre un crédito agropecuario otorgado a su hijo, Juan José Lafaurie Cabal, y aseguró que se trata de un ataque con motivaciones políticas y no de un ejercicio legítimo de periodismo investigativo.

A través de una carta abierta titulada “Mala fe”, Lafaurie calificó la publicación como un “libelo infame” cuyo propósito, según afirmó, es dañar la reputación de su familia. En su pronunciamiento, el dirigente gremial sostuvo que Coronell actúa movido por un “odio enquistado” contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez desde 2006 y que la investigación no obedece a criterios éticos ni normativos.

Lafaurie recordó un episodio ocurrido durante el gobierno de Uribe, cuando se impidió que NTC Televisión —empresa en la que Coronell era accionista— reclamara al Estado cerca de 20.000 millones de pesos por supuestos daños derivados del apagón eléctrico de 1992. Según explicó, en ese momento se conoció que la compañía había sido capitalizada por César Villegas, señalado como testaferro del Cartel de Cali, y que hubo participación de recursos vinculados al narcotraficante Justo Pastor Perafán. En 2023, la Fiscalía archivó un proceso por injuria contra Uribe relacionado con este caso, luego de que el propio Coronell aportara documentos que confirmaron esos hechos.

El presidente de Fedegán también acusó al periodista de haber sido beneficiario de contratos estatales durante el gobierno de Juan Manuel Santos. Citando publicaciones previas, afirmó que entre 2015 y 2017 Coronell y empresas vinculadas a él habrían recibido alrededor de 18.300 millones de pesos en contratos, lo que, a su juicio, explicaría su postura política posterior frente a los gobiernos de Iván Duque y sectores afines.

El centro de la controversia es un crédito por 400 millones de pesos otorgado en 2024 a Juan José Lafaurie Cabal por el banco Serfinanza, con recursos de Finagro, para un proyecto de siembra de palma de aceite. Posteriormente, en noviembre del mismo año, se habría realizado un abono cercano a los 95 millones de pesos como parte del Incentivo a la Capitalización Rural (ICR).

Lafaurie defendió la legalidad de la operación y explicó que los créditos Finagro están dirigidos a productores rurales grandes, medianos y pequeños, y que no son subsidios sociales ligados a condiciones de pobreza, sino instrumentos de fomento a la inversión en el campo. Señaló que su hijo reportó activos por 129 millones de pesos, muy por debajo del tope de 529 millones establecido para pequeños productores, y aclaró que la clasificación del solicitante la realiza el banco y no el beneficiario.

En su declaración, el dirigente gremial subrayó que Juan José Lafaurie es un joven recién egresado que busca emprender en el sector agropecuario bajo valores de esfuerzo y trabajo. Incluso comparó la situación con su propia experiencia personal, recordando que en 1978 se endeudó para cultivar algodón con el respaldo de su padre.

En medio de la polémica, Finagro anunció que realizará una revisión exhaustiva de la operación crediticia y el Ministerio de Agricultura solicitó indagaciones sobre el caso. Por su parte, Juan José Lafaurie Cabal informó que emprenderá acciones legales contra las publicaciones que considera difamatorias, mientras el debate sigue escalando en el escenario político y mediático del país.