Una nueva controversia política sacude al Congreso de la República tras las denuncias contra el presidente de la Cámara de Representantes, Julián López, por un presunto intercambio de favores con el gobierno del presidente Gustavo Petro.

Según la denuncia hecha pública por Daniel Briceño, López habría decidido respaldar al Ejecutivo luego de que el mandatario le entregara de manera directa la notaría 22 de Cali a su padre, Ritter López, sin que mediara concurso de méritos. De acuerdo con el señalamiento, este hecho haría parte de una estrategia de compra de apoyos políticos para garantizar la aprobación de las reformas impulsadas por el Gobierno Nacional en el Congreso.

La situación generó una fuerte reacción al interior del partido al que pertenece Julián López, que terminó sancionándolo disciplinariamente, dejándolo sin voz ni voto dentro de la colectividad. Además, la dirección del partido le negó el aval para aspirar nuevamente a la Cámara de Representantes en las elecciones de 2026.

A esto se suma que, de acuerdo con las normas internas, el congresista tampoco podría renunciar a su partido sin antes dejar su curul, lo que lo mantiene en una compleja situación política y jurídica. La controversia ha reavivado el debate sobre el uso de cargos notariales como moneda de cambio político y sobre los límites éticos en la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo.

El caso ha sido calificado por sectores críticos como un duro golpe para el petrismo, al considerar que la supuesta maniobra no solo desató un escándalo de corrupción, sino que terminó aislando políticamente a uno de sus principales aliados en la Cámara de Representantes.