En medio del recrudecimiento de la violencia en varias regiones del país, tres de las siete gobernaciones lideradas por mujeres en Colombia afrontan uno de los panoramas de orden público más complejos. Se trata de Nubia Carolina Córdoba, en Chocó; Rafaela Cortés, en Meta; y Dilian Francisca Toro, en el Valle del Cauca, quienes han advertido que la presión de estructuras criminales avanza mientras el respaldo del Gobierno Nacional resulta insuficiente.

Las mandatarias han alertado que el aumento de delitos como el secuestro, la extorsión y los ataques contra la Fuerza Pública está poniendo en grave riesgo a la población civil, especialmente en zonas rurales. De acuerdo con cifras del Ministerio de Defensa, los secuestros registran un incremento del 118 % con corte a octubre, mientras que la extorsión superó los 10.000 casos en el último año, cifras que reflejan un deterioro sostenido de la seguridad.

En Chocó, la gobernadora Nubia Carolina Córdoba denunció que la disputa por rutas del narcotráfico, la minería ilegal y el control de los ríos ha intensificado los enfrentamientos entre el ELN y el Clan del Golfo, situación que ha derivado en hasta nueve paros armados en apenas 18 meses, con graves afectaciones para comunidades enteras. En el Meta, Rafaela Cortés advirtió sobre la presión creciente de las disidencias de las Farc en corredores estratégicos del departamento y confirmó que se evalúa la implementación de una tasa de seguridad para fortalecer las capacidades operativas de la Fuerza Pública.

Por su parte, en el Valle del Cauca, la gobernadora Dilian Francisca Toro señaló que, si bien existe articulación con el Ministerio de Defensa, persisten vacíos de coordinación con otras carteras del Gobierno Nacional, lo que limita el fortalecimiento de la inteligencia, la tecnología y capacidades clave como los sistemas antidrones para enfrentar a los grupos armados ilegales.

Las tres gobernadoras coincidieron en que se requiere con urgencia una mayor inversión y una estrategia integral en seguridad, inteligencia y tecnología, que permita contener la expansión de la criminalidad y evitar que la población civil continúe siendo la principal víctima del conflicto armado en los territorios.