Un grave caso de presunto acoso sexual sacude a la Inspección Sexta de Policía de Soacha, en Cundinamarca, tras la denuncia presentada por Dalin Selena Monsalve, una vigilante de 23 años, quien acusó al inspector José Arturo Figueredo de hostigamiento físico y verbal dentro de las instalaciones oficiales. Los hechos fueron revelados por Noticias Caracol y quedaron registrados en videos que hoy hacen parte de las investigaciones disciplinarias y penales.

Tras conocerse el material probatorio, la Personería de Soacha ordenó la suspensión provisional de Figueredo por tres meses, prorrogables, sin derecho a remuneración, mientras avanzan las indagaciones de la Fiscalía General de la Nación y de los entes de control disciplinario. La Procuraduría también tomó medidas preventivas ante la gravedad de los señalamientos.

Según el testimonio de la denunciante, los hechos ocurrieron en junio de 2025, cuando el inspector aprovechó momentos en los que la sede permanecía casi vacía para realizar tocamientos, comentarios de carácter sexual e insinuaciones reiteradas. El video grabado por la víctima muestra el rechazo explícito de la joven y la insistencia del funcionario, evidencia que se convirtió en pieza clave del proceso.

Otras dos mujeres que trabajaban como vigilantes en la misma inspección aseguraron haber sido víctimas de conductas similares por parte de Figueredo, incluyendo exhibicionismo, intentos de besos forzados y tocamientos indebidos, lo que refuerza la hipótesis de un patrón de acoso dentro del entorno laboral.

José Arturo Figueredo, quien ha ocupado cargos como defensor de familia en el ICBF y se desempeñaba como inspector de Policía en Soacha desde 2021, negó las acusaciones y aseguró que su defensa se realizará únicamente ante la Fiscalía. Frente a la existencia de los videos, el funcionario se limitó a señalar que se trata de “percepciones”.

La Alcaldía de Soacha informó que activó la ruta de atención y protección a las víctimas desde que tuvo conocimiento del caso y reiteró su rechazo a cualquier forma de violencia o acoso contra las mujeres. Expertos en derechos humanos y género advirtieron que el caso evidencia una preocupante relación de poder y una sensación de impunidad dentro de algunas instituciones públicas.

Mientras avanzan las investigaciones, las autoridades reiteraron el llamado a las víctimas de violencia sexual en entornos laborales a denunciar y a confiar en los mecanismos institucionales, con el fin de evitar que este tipo de conductas queden en la impunidad.