La Procuraduría General de la Nación propinó un nuevo golpe al Gobierno del presidente Gustavo Petro al suspender provisionalmente al general Juan Miguel Huertas y al director de inteligencia de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), Wílmar Mejía, por su presunta participación en el escándalo de infiltración de las disidencias de alias Calarcá en entidades del Estado. La suspensión, inicialmente por tres meses y prorrogable, se adopta mientras avanza la investigación disciplinaria sobre su posible colaboración con estructuras criminales.

Huertas y Mejía aparecen mencionados en correos y archivos extraídos de los computadores incautados al cabecilla disidente, capturado recientemente en una caravana de camionetas de la UNP con dinero y armas. En esos documentos —revelados por Noticias Caracol— se les señala de filtrar información clave sobre operativos, movimientos de la Fuerza Pública y datos de inteligencia, permitiendo a las disidencias evadir controles y desplazarse escoltados por empresas fachada de seguridad.

El procurador Gregorio Eljach calificó el caso como “de suma gravedad”, y advirtió que el retiro temporal de los funcionarios es necesario para evitar que influyan en el proceso disciplinario. Paralelamente, la Fiscalía adelanta su propia investigación para determinar la responsabilidad penal de los implicados. En el expediente incluso se menciona que el general Huertas habría sostenido reuniones con emisarios de Calarcá para discutir eventuales “pactos de no agresión”, mientras que Mejía habría aportado información sensible desde el aparato de inteligencia estatal.

Ambos funcionarios han negado rotundamente los señalamientos. Mejía aseguró que los grupos ilegales hacen inteligencia y que su nombre pudo aparecer por su cercanía con miembros de las Fuerzas Militares, mientras que Huertas afirmó que los archivos carecen de credibilidad y rechazó cualquier vínculo con estructuras criminales.

Este nuevo capítulo profundiza la crisis de seguridad y transparencia que golpea al Gobierno Petro, pues se suma a cuestionamientos ya existentes sobre presuntos nexos entre miembros de su administración, funcionarios de inteligencia y estructuras disidentes de las Farc, algunos de ellos vinculados incluso a la campaña presidencial de 2022.