El panorama político nacional dio un giro contundente este jueves tras la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE), que sancionó a la campaña Petro Presidente 2022 por violar los topes de financiación en casi 6.000 millones de pesos, configurando lo que el organismo calificó como una de las irregularidades más graves registradas en una contienda presidencial. Es la primera vez en la historia que el CNE sanciona a los responsables financieros de una campaña a la Presidencia de la República.

La Sala Plena aprobó la decisión con una votación de 6–3, encontrando responsables al gerente de campaña, Ricardo Roa —hoy presidente de Ecopetrol—, a la auditora María Lucy Soto y a la tesorera Lucy Aidee Mogollón. De igual forma, impuso millonarias multas a los partidos Colombia Humana y Unión Patriótica, al determinar que la colectividad de Petro permitió ingresos prohibidos y no auditó adecuadamente el flujo de recursos.

Según la ponencia aprobada, la campaña omitió reportar aportes de Fecode y la USO por casi 900 millones de pesos, así como gastos de publicidad y pagos a testigos electorales, lo que elevó el monto no declarado a más de 5.355 millones durante ambas vueltas. Como la campaña ya había reportado gastos al límite permitido, estas omisiones constituyeron una violación directa de los topes legales.

Aunque la medida golpea a los principales responsables financieros, no afecta directamente al presidente Gustavo Petro, protegido por el fuero presidencial. Sin embargo, el CNE ordenó remitir copia del expediente a la Comisión de Acusación de la Cámara, órgano competente para investigar a un mandatario en ejercicio.

La decisión se produjo luego de que dos magistrados del Pacto Histórico fueran apartados del proceso, habilitando la entrada de conjueces. El voto definitivo provino del abogado Majer Abushihab, lo que desató airadas reacciones desde el petrismo. Voces como la senadora Isabel Zuleta calificaron el fallo como “persecución política”, mientras que el ministro del Interior, Armando Benedetti, afirmó que aunque no comparte la decisión, “será respetada”.

En contraste, sectores de oposición celebraron el pronunciamiento. La senadora Paloma Valencia destacó que la sanción podría abrir la puerta a un eventual proceso de destitución presidencial, y la precandidata Vicky Dávila aseguró que “violar topes en una campaña es corrupción: así llegó Petro a la Presidencia y así ha gobernado”.

Esta decisión marca un precedente sin igual y abre un capítulo de enorme impacto jurídico y político, que podría tener repercusiones profundas en la legitimidad y estabilidad del actual Gobierno.