La crisis jurídica y política en el Gobierno de Gustavo Petro escaló este jueves tras conocerse que la Fiscalía General de la Nación radicó la solicitud de imputación de cargos y medida de aseguramiento en centro carcelario contra el exministro del Interior Luis Fernando Velasco y el actual ministro de Hacienda Ricardo Bonilla, por su presunta participación en el desfalco a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

Según la investigación, los altos funcionarios habrían integrado —junto con otros implicados ya judicializados— una red que desvió recursos destinados a emergencias y desastres para comprar votos en el Congreso a favor de las principales reformas del Gobierno, en uno de los escándalos más graves que enfrenta la administración Petro. Los señalamientos incluyen concierto para delinquir, peculado por apropiación y cohecho, en el marco del entramado que salió a la luz a través de declaraciones de exdirectivos de la UNGRD.

La Fiscalía sostiene que existen pruebas suficientes para demostrar que parte del dinero que debía atender a comunidades afectadas por inundaciones y otras emergencias terminó financiando acuerdos políticos en el Capitolio, a través de contratos irregulares y entregas millonarias a intermediarios.

La solicitud de medida de aseguramiento en establecimiento penitenciario —y no en detención domiciliaria— marca un giro drástico en el proceso, pues se trata del primer ministro en ejercicio del Gobierno Petro que podría enfrentar prisión preventiva. Bonilla, uno de los funcionarios más cercanos al presidente, ha negado tajantemente las acusaciones y señala que se trata de una “persecución política”. Velasco, por su parte, asegura que demostrará su inocencia en los estrados.

El caso, que ya tiene a varios exdirectivos de la UNGRD capturados y colaborando con la justicia, podría convertirse en la mayor investigación por corrupción de este Gobierno. Analistas advierten que, si la imputación prospera, se abriría la puerta para que nuevos dirigentes del Pacto Histórico —señalados por presuntamente haber recibido beneficios— también sean llamados a rendir cuentas.

Mientras el país observa el desarrollo del proceso, el impacto político golpea de lleno al Ejecutivo y reaviva el debate sobre la legitimidad de sus reformas. El caso promete convertirse en uno de los expedientes más determinantes para el cierre del actual periodo presidencial.