La Contraloría General de la República concluyó que Juliana Guerrero, exfuncionaria del Ministerio del Interior, utilizó aeronaves de la Policía Nacional para actividades ajenas a sus funciones, generando un detrimento patrimonial de 213 millones de pesos en combustible durante cinco vuelos realizados en junio de 2025.

La investigación determinó que los desplazamientos de Guerrero —incluyendo rutas Bogotá–Valledupar, Valledupar–Aguachica y Valledupar–Santa Marta— no correspondían a labores propias del Ministerio del Interior, sino a compromisos de carácter personal y académico, como su participación en el Consejo Superior de la Universidad Popular del Cesar. Las aeronaves, entre ellas un ATR-42 y varios helicópteros Bell-212, fueron utilizadas pese a que su uso debía limitarse exclusivamente a misiones institucionales.

Además, la Contraloría destacó que en los vuelos incluso habría viajado su hermana, según evidencian fotografías que la propia Guerrero publicó en redes sociales. La entidad concluyó que el Ministerio del Interior incurrió en una gestión fiscal “ineficaz, ineficiente y antieconómica”, al autorizar desplazamientos que violaban los convenios entre la cartera, la Policía y la Corporación de la Industria Aeronáutica Colombiana.

El caso se suma al escándalo por el título universitario anulado de Guerrero, lo que ha llevado a sectores de opinión a cuestionar la transparencia de su paso por el Gobierno Nacional. La Contraloría evalúa ahora posibles sanciones y la responsabilidad fiscal derivada de los sobrecostos, mientras crece el debate público sobre los controles internos del Ministerio del Interior durante la administración.