

A una semana de que el presidente Gustavo Petro se negara a financiar el Tren de Cercanías para Cali y el Valle del Cauca, crecen las voces que piden un castigo electoral contra los dirigentes que, según sus críticos, no defendieron el proyecto más importante de movilidad e integración para la región.
El activista Jaime Arizabaleta encendió el debate al proponer que los vallecaucanos no apoyen en las urnas a los congresistas y aspirantes afines al petrismo que —dice— “le dieron la espalda al departamento”.
Arizabaleta mencionó directamente a Ana Erazo, Alfredo Mondragón, Duvalier Sánchez y Wilson Arias, quienes buscan llegar o mantenerse en el Congreso con el respaldo del Pacto Histórico. Para el activista, su silencio o apoyo implícito a la decisión del Gobierno Nacional constituye un acto de mezquindad política que perjudica a millones de habitantes del Valle del Cauca, dejando en vilo una obra estratégica cuyos estudios y trámites avanzaron durante más de una década.
La propuesta ha generado reacciones divididas en redes sociales. Sectores críticos del Gobierno respaldan la idea de un voto de castigo, mientras que defensores del petrismo acusan una campaña de estigmatización y advierten que la discusión sobre el Tren de Cercanías ha sido politizada.
En medio de la controversia, el futuro del proyecto continúa incierto y el debate regional sigue escalando, convirtiéndose en uno de los temas que marcarán la agenda política de cara a las elecciones de 2026.
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