Una polémica internacional surgió luego de que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, publicara en sus redes sociales un video denunciando que autoridades migratorias de Estados Unidos estarían “quitando bebés a inmigrantes latinoamericanos” durante operativos del ICE (Servicio de Control de Inmigración y Aduanas). El mandatario sugirió que este tipo de procedimientos corresponderían a políticas impulsadas por el expresidente Donald Trump.

Sin embargo, información oficial de autoridades estadounidenses y reportes de medios locales señalan que el video corresponde a un caso distinto al descrito por el presidente colombiano.

La mujer que aparece en la grabación fue identificada como Uliana Milena Ojeda-Montoya, quien ingresó de manera irregular a Estados Unidos y fue puesta en libertad en 2023, durante el gobierno de Joe Biden, mientras avanzaba su proceso migratorio. Según registros policiales en Massachusetts, Ojeda-Montoya fue arrestada en agosto de 2025 por presunta agresión con arma peligrosa, luego de apuñalar a una compañera de trabajo con unas tijeras y lanzarle un bote de basura durante una discusión.

Posteriormente, agentes del ICE la localizaron para ejecutar una orden de deportación. De acuerdo con fuentes oficiales, durante la detención ella y su pareja llevaban a un niño pequeño en el asiento delantero del vehículo —lo cual también es ilegal en EE. UU.— y lo utilizaron como escudo mientras se resistían al arresto, lo que llevó a que el operativo se extendiera por casi dos horas.

Contrario a la afirmación hecha por Petro, las autoridades migratorias indicaron que el niño no fue separado de su padre, quien permaneció con él en la escena y, tras ser atendido por paramédicos debido a una presunta convulsión, fue autorizado a retirarse con el menor. El ICE informó que sólo la mujer fue detenida y puesta bajo custodia federal para continuar con el proceso de deportación.

El video ha generado fuerte debate político. Mientras el presidente Petro insiste en denunciar supuestos abusos contra migrantes, críticos y analistas señalan que el mandatario está compartiendo información incompleta o errónea, alimentando una confrontación narrativa con Estados Unidos que, según ellos, se basa en datos imprecisos.

Voceros de la administración estadounidense no se han pronunciado oficialmente frente al señalamiento específico del presidente de Colombia, pero fuentes de ICE reiteraron que no existe una política de separación familiar en ese tipo de procedimientos.

El episodio reaviva el debate sobre la difusión de información en redes sociales por parte de líderes políticos y el impacto que ello tiene en las relaciones diplomáticas y en la percepción pública de temas migratorios sensibles.