Colombia dio un giro histórico en su política de drogas al autorizar, por primera vez, la venta de flor seca de cannabis con fines medicinales en farmacias y droguerías de todo el país. El decreto 1138 del 27 de octubre de 2025, firmado por el presidente Gustavo Petro, permite el acceso al cannabis medicinal bajo fórmula médica, incluso en su presentación natural o “moño”, lo que ha generado tanto expectativas como controversias en diferentes sectores.

El Gobierno celebra la medida como un avance en materia de salud pública y de inclusión económica para pequeños cultivadores, asegurando que durante los próximos dos años solo ellos podrán abastecer el mercado nacional. La norma amplía el alcance de la Ley 1787 de 2016, que hasta ahora solo permitía comercializar derivados como aceites o extractos, mientras la flor seca estaba restringida a la exportación.

Sin embargo, el anuncio no cayó bien entre los empresarios y productores que llevan años cumpliendo con estrictas normas técnicas y licencias costosas. Para Mayra Correa, líder de la cadena de cannabis medicinal en el Tolima, la nueva regulación es “una humillación” para quienes han trabajado con rigor y dentro de la ley. “Ahora cualquiera puede entrar con una licencia exprés. Llevamos años pagando permisos carísimos y cumpliendo con protocolos, y el Ministerio decide abrir el mercado sin exigir lo mismo. Es una grosería”, cuestionó.

Desde la industria también se advierte que el mercado interno sigue siendo mínimo. Según Julián Wilches, fundador de Clever Leaves, “apenas el 0,002% de la población accede a tratamientos con cannabis medicinal”. Para él, la reglamentación anterior fue tan restrictiva que empujó a los pacientes hacia el mercado ilegal, un problema que —temen— podría repetirse si el decreto no se aplica con control y trazabilidad.

La Asociación Colombiana de Cultivadores y Transformadores de Cáñamo Industrial (ASOCAÑAMO) expresó su preocupación por la falta de infraestructura técnica y coordinación entre el Invima, el ICA y el Fondo Nacional de Estupefacientes. En un comunicado, advirtió que el exceso de regulación inicial y la entrega de licencias rápidas podrían “frenar el desarrollo de la industria y concentrar el negocio en pocos actores”, excluyendo a quienes históricamente han sostenido los cultivos en las regiones.

A pesar de las críticas, el Gobierno insiste en que esta decisión responde a una política de salud basada en evidencia científica y a la necesidad de garantizar acceso seguro a los pacientes. El decreto busca, además, fortalecer la economía campesina mediante la participación de pequeños productores, un enfoque que Petro ha defendido como parte de su apuesta por una “economía popular con justicia social”.

En los próximos cinco meses, los ministerios de Salud y Justicia deberán expedir la reglamentación que defina los mecanismos de distribución, control de calidad y seguimiento médico. Mientras tanto, la medida ha abierto un amplio debate en el país: para unos, es un paso hacia la modernización y la inclusión; para otros, una decisión improvisada que podría dejar al mercado del cannabis medicinal en un limbo regulatorio y sanitario.