En el Congreso de la República, la senadora Norma Hurtado, del Partido de La U, lideró un debate de control político en el que pidió un compromiso real de las instituciones y los partidos para garantizar una participación femenina libre de acoso, amenazas y discriminación en las elecciones de 2026. La discusión se dio en el marco de la implementación de la Ley 2453 de 2025, que establece medidas para prevenir y sancionar la violencia contra las mujeres en política.

Durante la sesión de la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer, fueron citados representantes del DANE, la Defensoría del Pueblo, la Policía Nacional, el Ministerio de Justicia y la Registraduría Nacional, además de organizaciones como la Misión de Observación Electoral (MOE) y ONU Mujeres. Las cifras presentadas dejaron en evidencia una realidad preocupante: el 68,7% de las mujeres considera que tiene poca o ninguna influencia en la política, y apenas un 3,1% siente que su voz cuenta realmente en las decisiones públicas.

Hurtado señaló que la violencia política se manifiesta de múltiples formas —física, psicológica, simbólica, económica, sexual, digital y vicaria— y subrayó que los casos de agresión o acoso deben ser reportados a la Plataforma URIEL, el Consejo Nacional Electoral (CNE), la Registraduría y la Defensoría del Pueblo, entidades que están llamadas a proteger los derechos de las víctimas. La congresista advirtió, además, que los partidos políticos deben adoptar protocolos internos de prevención, denuncia y sanción, en cumplimiento de las obligaciones fijadas por la Ley 2453.

La senadora Imelda Daza, del Pacto Histórico, resaltó que las mujeres constituyen el 51,2% de la población colombiana, pero siguen subrepresentadas en los espacios de poder. “Deberíamos tener esa misma proporción en el Congreso y en todas las corporaciones públicas. La educación en derechos y la prevención de todo tipo de violencia deben ser prioridad”, expresó.

Por su parte, Andrea Ramírez, subdirectora del DANE, expuso que el país ha avanzado en el voto femenino y en el respaldo a candidatas mujeres, aunque el 15% de ellas aún no tiene clara su participación electoral, y el 1,7% ha sentido discriminación por expresar opiniones políticas. Desde la Registraduría, Renato Contreras informó que se han impulsado diplomados sobre prevención de la violencia política de género, mientras que ONU Mujeres destacó su estrategia “Más mujeres, más democracia”, enfocada en fortalecer la participación femenina en entornos libres de violencia.

La senadora Hurtado concluyó que la Ley 2453 de 2025 aún no se aplica plenamente, especialmente en los territorios rurales y en las zonas más afectadas por el conflicto armado. “Sin articulación política e institucional, los avances normativos seguirán siendo letra muerta. En 2026 la democracia debe rodear y respaldar a las mujeres que aspiran a cargos públicos”, afirmó, insistiendo en la necesidad de que el Congreso adopte un protocolo interno contra la violencia política.

El llamado ocurre en un contexto en el que varios líderes políticos han sido cuestionados o investigados por actos de violencia política contra las mujeres, lo que evidencia que el problema no se limita a los territorios apartados. Uno de los casos más sonados es el del representante a la Cámara Duvalier Sánchez, quien enfrenta indagaciones en la Corte Suprema de Justicia por presuntos hechos de violencia política de género. Para sectores feministas y analistas, situaciones como esta refuerzan la urgencia de que el Estado, los partidos y la sociedad adopten una tolerancia cero frente a cualquier forma de agresión o discriminación hacia las mujeres que ejercen liderazgo político.