Algunas de las familias de los diputados del Valle del Cauca, secuestrados por las extintas Farc en abril de 2002 en Cali, presentaron recurso de apelación contra la primera sentencia emitida por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en contra del último secretariado de esa guerrilla. Según las víctimas, el fallo desconoce los compromisos del Acuerdo de Paz y no cumple con los estándares internacionales de justicia.

La Fundación Defensa de Inocentes, que representa a varios de los familiares de los diputados asesinados, explicó que aunque la sentencia reconoce la responsabilidad de los exintegrantes del secretariado, presenta “graves deficiencias” en materia de verdad, reparación y garantías de no repetición. Las familias señalaron que no se les dio una participación efectiva en el diseño de las sanciones restaurativas, que estas no son proporcionales al daño sufrido y que no existe una verdad plena ni exhaustiva sobre los hechos.

La petición de los familiares es que se revoque la primera sentencia y se emita una nueva que “incorpore los estándares del Acuerdo de Paz y de la Corte Penal Internacional”. Además, invitaron a las víctimas del conflicto a unirse en la búsqueda de justicia internacional y a acudir a la CPI como instancia de garantía frente a los crímenes de lesa humanidad que siguen en la impunidad.

Desde que se conoció la decisión de la JEP, el pasado 16 de septiembre, algunas de las víctimas de secuestro por parte de la antigua guerrilla expresaron su inconformidad. Entre ellas, el exdiputado Sigifredo López calificó el fallo como una “vergüenza” y aseguró que el tribunal no respetó la dignidad de las víctimas. Según él, el incumplimiento de las Farc en materia de verdad y reparación representa un engaño que afecta la confianza en futuros procesos de paz.

López recordó que, junto con otras víctimas, apoyó el plebiscito y confió en que el Estado ocuparía los territorios para evitar la expansión de economías ilegales, pero señaló que ese compromiso no se cumplió. Además, cuestionó que tras siete años de funcionamiento, la JEP solo haya ratificado causas del secuestro que ya eran de conocimiento público, como el financiamiento de la guerrilla, el control territorial y el intercambio de prisioneros.