El ministro del Interior, Armando Benedetti, confirmó este jueves que la erradicación forzada de cultivos ilícitos en Colombia se suspende de manera inmediata, en cumplimiento de la orden dada por el presidente Gustavo Petro. La decisión marca un giro en la política antidrogas del país y refuerza la estrategia oficial de priorizar la sustitución voluntaria con las comunidades.

Durante una rueda de prensa, Benedetti recordó que en los gobiernos anteriores, especialmente en los de Juan Manuel Santos e Iván Duque, la erradicación forzosa dejó decenas de muertos entre militares y policías. Según el ministro, bajo la administración Petro, menos de 20 uniformados han perdido la vida en operaciones de sustitución, una cifra que, a su juicio, demuestra la diferencia en el enfoque.

“Queda erradicada la erradicación de forma forzosa debido a que mata militares, mientras Estados Unidos no pone un solo muerto en la lucha contra el narcotráfico”, señaló Benedetti, reiterando las palabras del jefe de Estado. Petro, por su parte, ha defendido que su gobierno ha logrado reemplazar 22.433 hectáreas de cultivos ilícitos mediante programas de sustitución voluntaria, los cuales considera más efectivos y sostenibles.

La medida se produce en medio de un ambiente de tensión con Washington tras la descertificación de Colombia en la lucha contra las drogas. La Casa Blanca argumentó que el país “falló notablemente” en sus compromisos y pidió retomar la erradicación forzada, aumentar las incautaciones y restablecer la extradición de narcoterroristas.

Petro ha respondido con firmeza a esas exigencias. “El presidente obedece la ley colombiana, no las órdenes de gobiernos extranjeros”, afirmó, al tiempo que recordó que la normativa nacional permite suspender extradiciones cuando hay procesos de paz avanzados. Según el mandatario, durante su gobierno se han extraditado 400 personas con aval de la Corte Suprema de Justicia, pero tres casos permanecen en Colombia porque los implicados están vinculados a procesos de negociación.

Con esta decisión, el gobierno reafirma su política de drogas centrada en la sustitución voluntaria y el diálogo con las comunidades campesinas, mientras persiste la presión internacional liderada por Estados Unidos para que Colombia retome con fuerza la erradicación forzosa y aumente los resultados en materia de incautaciones y extradiciones.