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– El reciente nombramiento de Juan Carlos Florián como ministra de Igualdad en el gabinete del presidente Gustavo Petro ha desatado una intensa controversia en el país, centrada en el cumplimiento de la ley de cuotas de género. Florián, quien se identifica con un género fluido y ha solicitado ser referido en femenino, asumió el cargo en medio de demandas judiciales y críticas de sectores políticos que argumentan que su designación incumple la paridad requerida por la normativa colombiana.
La ley de cuotas, establecida en la Constitución y reforzada por normativas como la Ley 581 de 2000, exige que al menos el 30% de los cargos de alto nivel en el Ejecutivo sean ocupados por mujeres, con un énfasis en la paridad de género en el gabinete ministerial. Sin embargo, opositores sostienen que Florián, nacido como hombre y sin un cambio legal de sexo, no puede contabilizarse dentro de la cuota femenina, lo que dejaría al gobierno Petro por debajo del umbral requerido.
Actualmente, con esta designación, el gabinete cuenta con solo ocho mujeres en 19 ministerios, lo que representa aproximadamente el 42%, pero críticos afirman que ajustando por el caso de Florián, la cifra real de mujeres caería.
La representante a la Cámara Katherine Miranda, de la Alianza Verde, ha sido una de las voces más contundentes contra el nombramiento. En declaraciones recientes, Miranda calificó la decisión como «un acto ruin y una burla de profundo cinismo» hacia las mujeres, argumentando que «cuánto nos costó a nosotras dar la lucha por esa paridad» y que ahora un hombre ocupe ese espacio es inaceptable.
«Petro nos vendió el discurso de que sin las mujeres, el cambio no es cambio, pero ha sido cambio para mal», agregó la congresista, quien ha impulsado debates en el Congreso sobre el tema.
Desde el gobierno, la Presidencia ha defendido la designación, argumentando que el «género fluido» de Florián lo hace elegible para cumplir con la cuota de género no binaria o diversa. En un comunicado oficial, se afirmó que las demandas para anular el nombramiento vulneran los derechos de Florián y que su identidad debe respetarse en el marco de la inclusión.
El propio Florián, un activista LGTBIQ+ y exviceministro de Igualdad, ha enfatizado su rol en la promoción de derechos diversos, aunque su pasado incluye críticas al presidente Petro en redes sociales durante campañas anteriores.
La polémica se intensificó con revelaciones sobre el historial de Florián, quien ha sido señalado como actor en contenidos adultos y ha recibido instrucciones directas de Petro para organizar eventos como una «marcha de travestis» en Medellín contra el «nazismo», según videos circulantes en redes.
En plataformas como X (antes Twitter), usuarios han expresado indignación, con comentarios como «con que un hombre diga que es mujer, queda cumplida la paridad», cuestionando la interpretación legal del gobierno.
Expertos en derecho constitucional, consultados por medios como El Tiempo, indican que el caso podría resolverse en instancias como la Corte Constitucional o el Consejo de Estado, donde ya se han presentado acciones de tutela y demandas por presunto incumplimiento de la ley.
Mientras tanto, el Ministerio de Igualdad, creado en 2022 para promover la equidad social, sigue en el ojo del huracán, especialmente tras la salida de figuras como la vicepresidenta Francia Márquez, quien impulsó su creación.
Esta controversia resalta las tensiones entre la inclusión de diversidades sexuales y la lucha histórica por la representación femenina en la política colombiana, en un gobierno que se autodenomina progresista pero enfrenta críticas por inconsistencias en sus políticas de género.
El desenlace judicial podría sentar precedentes sobre cómo se interpreta la identidad de género en el cumplimiento de cuotas públicas.
