Menu
La inteligencia de la Policía Nacional detectó un plan criminal de las disidencias de las Farc para atentar contra la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, y el alcalde de Cali, Alejandro Eder.
La estructura Jaime Martínez, con presencia urbana en la capital del departamento, habría hecho seguimientos durante semanas a los mandatarios, recolectando información sobre sus rutinas con el objetivo de ejecutar un ataque que fue frustrado gracias a operaciones de contrainteligencia. Ambos líderes fueron alertados de la amenaza y sus esquemas de seguridad fueron reforzados, al igual que ocurrió con los mandatarios de Bogotá y Medellín, quienes también se encuentran en la mira de grupos armados.
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, anunció que la situación se enfrentará con contundencia a través de la operación Sultana, que busca desmantelar el bloque Jaime Martínez, prevenir nuevos atentados y avanzar en la transformación social y económica del suroccidente del país. “No nos doblegaremos ante el terrorismo”, aseguró. Sin embargo, el ambiente de zozobra se mantiene tras la confirmación de que alias Iván Mordisco, máximo jefe de estas disidencias, sigue activo y enviando mensajes de amenaza al Estado.
El hallazgo de este plan se da en medio de una escalada de violencia que ha golpeado a varias regiones. En Cali, recientes atentados con explosivos han dejado víctimas mortales y heridos, generando miedo en la ciudadanía y obligando a reforzar la seguridad en puntos estratégicos de la ciudad. En Amalfi, Antioquia, un ataque con explosivos perpetrado por un grupo armado dejó varios policías heridos y evidenció la capacidad de fuego de estas organizaciones ilegales.
A este panorama se suma el reciente asesinato del exsenador Miguel Uribe Turbay, un hecho que sacudió al país y que encendió aún más las alarmas sobre la ofensiva criminal contra dirigentes políticos. Los analistas advierten que los ataques contra autoridades locales, sumados a los atentados en las ciudades y zonas rurales, constituyen una amenaza directa contra la institucionalidad y la democracia en Colombia.
El Valle del Cauca se mantiene bajo estrictas medidas de seguridad, mientras los organismos de inteligencia trabajan para neutralizar nuevas acciones violentas y contener la ofensiva de los grupos armados que buscan desestabilizar al país.
