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El presidente Gustavo Petro confirmó que su Gobierno inició diálogos de paz con el Clan del Golfo fuera de Colombia, y diversas fuentes señalan que el escenario escogido sería Catar. La decisión ha generado cuestionamientos, no solo por tratarse de un grupo narcotraficante y herencia del paramilitarismo, sino por el gasto que implicaría adelantar un proceso de negociación en uno de los países más costosos del mundo.
El jefe de la delegación del Gobierno, Álvaro Jiménez, habría viajado varias veces a Doha para preparar el terreno de unas conversaciones que, según el presidente, dependen de la aprobación en el Congreso de un proyecto de ley con beneficios jurídicos. Sin embargo, este no es el primer intento de incluir al Clan del Golfo en la “paz total”; anteriores acercamientos terminaron en rupturas, y la organización continúa expandiendo su influencia en más de una docena de departamentos, sustentada en narcotráfico, minería ilegal y extorsión.
El anuncio reabre el debate sobre la pertinencia de entablar negociaciones con grupos de alto poder criminal mientras siguen cometiendo delitos y ejerciendo control territorial. Críticos señalan que el Gobierno podría estar legitimando a una estructura que no ha mostrado voluntad real de desmantelarse, y que destinar recursos para reuniones en un país como Catar —con costos de hospedaje y logística que pueden multiplicar varias veces el gasto de un diálogo nacional— es un uso cuestionable del presupuesto público en un momento de crisis fiscal.
Además, elegir un escenario tan distante geográfica y culturalmente alimenta la percepción de un proceso desconectado de las comunidades directamente afectadas por la violencia del Clan del Golfo. Mientras en el Bajo Cauca, Urabá y otras regiones la población sigue sufriendo asesinatos, desplazamientos y extorsiones, las negociaciones se estarían desarrollando a miles de kilómetros, en un lujoso contexto que contrasta con la precariedad de las zonas en conflicto.
Claves para entender la controversia:
Este giro en la estrategia de paz plantea interrogantes sobre hasta qué punto el Gobierno está dispuesto a ceder y gastar para mantener viva una política que, en el caso del Clan del Golfo, aún no ha mostrado frutos tangibles.
