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En la zona rural de Jamundí, Valle del Cauca, la estructura Jaime Martínez, disidencia de las Farc bajo el mando de alias Iván Mordisco, avanza en la construcción de una carretera ilegal que uniría los corregimientos de San Antonio y Villacolombia. La obra, que busca facilitar el transporte de economías ilícitas, estaría siendo financiada mediante cobros extorsivos a la comunidad.
Habitantes de la región denuncian que cada adulto debe pagar 500.000 pesos y cada niño en edad escolar 80.000 pesos, sumas impagables para familias que sobreviven con jornales de apenas 60.000 pesos diarios. La amenaza es clara: “quien no paga, aparece muerto”. Este clima de terror ya habría cobrado la vida de líderes comunales como Ruhal Martínez, asesinado tras negarse a cumplir con las cuotas exigidas.
La situación cobra mayor relevancia ante los antecedentes revelados en marzo de 2024 por el congresista Christian Garcés, quien denunció que el exalcalde de Jamundí, Andrés Felipe Ramírez, y su entonces socio político, el hoy representante Duvalier Sánchez, habrían autorizado la instalación de estaciones de gasolina en zona rural, presuntamente al servicio de la misma estructura criminal que hoy impone estos cobros. Dichos puntos de abastecimiento, ubicados estratégicamente en la parte alta del municipio, serían clave para el suministro logístico del grupo armado y sus operaciones ilegales.
Aunque Ramírez y Sánchez han negado responsabilidad, argumentando que las licencias serían falsas y que el caso está en investigación por la Fiscalía, la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, confirmó que algunas estaciones en la zona alta están bajo indagación y que su cierre es una prioridad, dada su relación con las rutas del narcotráfico hacia el Pacífico.
Puntos clave del caso:
Este nuevo episodio refuerza la percepción de que Jamundí se ha convertido en un corredor estratégico para las disidencias, donde el control territorial se ejerce tanto con armas como con influencias políticas y económicas.
