Miles de conductores en Colombia han recibido comparendos captados por cámaras de fotodetección, sin saber que muchas de estas podrían estar funcionando sin autorización legal. Según la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), más de la mitad de las cámaras instaladas en todo el país no cuentan con el permiso vigente exigido por el Ministerio de Transporte, lo que las invalida para imponer sanciones.

De las cerca de 1.000 cámaras activas, al menos 504 no tienen actualizado su permiso de operación. Este debe renovarse cada cinco años y detallar la ubicación del equipo, las infracciones que detecta y sus características técnicas. Sin esta autorización, cualquier multa emitida por estas cámaras es considerada ilegal y puede ser apelada por el ciudadano afectado.

En ciudades como Bogotá, Medellín y Cali, donde se concentra un número significativo de estos dispositivos, el problema es particularmente notorio. Por ejemplo, de las 168 cámaras instaladas en Bogotá, solo 39 están autorizadas. En Medellín, apenas 21 de las 133 cuentan con permiso, y en Cali, 24 de 42 están avaladas.

Expertos en derecho como Fabio Humar han señalado que una sanción impuesta por una cámara sin autorización “no existe en el plano jurídico”. Por eso, recomiendan que los conductores que reciban una fotomulta verifiquen si el dispositivo que la originó cuenta con el permiso requerido. De no ser así, pueden presentar un derecho de petición solicitando el acto administrativo que avala la operación de la cámara, así como sus certificados de calibración y mantenimiento.

Este llamado a la legalidad busca garantizar que las sanciones de tránsito respeten el debido proceso y los derechos de los ciudadanos. Las autoridades, por su parte, deben asegurar que todos los equipos de fotodetección estén debidamente certificados para operar.