La ex ministra del Deporte de Petro habría incurrido en el delito de celebración de contratos sin requisitos legales

Un nuevo escándalo sacude al Gobierno del presidente Gustavo Petro, esta vez con la acusación formal por corrupción contra la exministra del Deporte María Isabel Urrutia, quien fue señalada por la Fiscalía General de la Nación de haber suscrito irregularmente 104 contratos días después de que el jefe de Estado solicitara públicamente su renuncia en 2023.

Según la acusación presentada ante la Corte Suprema de Justicia, Urrutia habría firmado estos contratos de prestación de servicios de manera anómala, sin cumplir los requisitos legales, apenas entre el 2 y el 6 de marzo de 2023, justo después de haber dado por terminados otros 104 contratos vigentes.

El fiscal del caso aseguró que no hubo justificación legal ni administrativa para la celebración de esos contratos, ni certificación sobre la insuficiencia de personal ni estudios de necesidad, violando así normas esenciales de la contratación pública. El caso ha sido calificado como uno de los episodios más graves de contratación irregular en la actual administración.

Aunque Urrutia fue declarada insubsistente por el presidente Petro en marzo de 2023, el manejo posterior de los contratos pone en duda el nivel de control, vigilancia y transparencia al interior del gabinete. ¿Cómo fue posible que, bajo la mirada de la Presidencia, una funcionaria removida firmara decenas de contratos en cuestión de días?

El hecho de que la defensa de Urrutia no haya interpuesto recursos contra la acusación genera más preguntas que respuestas: ¿Hay más funcionarios involucrados? ¿Quiénes sabían? ¿Qué hizo o dejó de hacer la Casa de Nariño para prevenir este desfalco?

Además, el comportamiento de la exministra, que volvió a contratar a las mismas personas cuyos contratos se terminaron “por motivos personales”, deja entrever una posible estrategia para asegurar la permanencia de aliados personales en el ministerio incluso tras su salida. Una práctica que, según la Fiscalía, tenía el claro objetivo de burlar los tiempos administrativos y preservar intereses individuales.

Este caso vuelve a poner el foco en las promesas de transparencia del Gobierno Petro. Tras reiterados discursos anticorrupción, el nombramiento de funcionarios que hoy enfrentan acusaciones penales mina la credibilidad del Ejecutivo y debilita la confianza pública.

El país ahora espera respuestas claras del presidente y de sus ministros: ¿Habrá una investigación interna? ¿Asumirá el Gobierno algún grado de responsabilidad política? ¿Cuántos casos como el de Urrutia están por estallar?

Las audiencias preparatorias de juicio serán determinantes, pero lo que ya es evidente es que la bandera anticorrupción del Gobierno Petro ha sido manchada por uno de los suyos. Y si no hay explicaciones y sanciones ejemplares, la pregunta inevitable es si en el fondo se trata de un caso aislado… o de un patrón de gobierno.