“Recurrir a leguleyadas para revivir la consulta la deslegitima”

A medida que crece el rechazo institucional frente a la intención del presidente Gustavo Petro de convocar por decreto una consulta popular, una nueva voz se sumó al coro de advertencias: Clara Luz Roldán, directora del Partido de la U, lanzó un duro mensaje al jefe de Estado en defensa del orden constitucional. “Atropellar la institucionalidad y vulnerar la separación de poderes solo va a obligar a nuestra Corte Constitucional a fallar en derecho y tumbar de nuevo su consulta popular”, afirmó la exgobernadora del Valle, sumando presión política y jurídica al ya controversial anuncio del mandatario.

Roldán fue tajante: “Recurrir a leguleyadas para revivir la consulta la deslegitima. Presidente, dura lex, sed lex”, expresó, invocando la frase latina que traduce: “Dura es la ley, pero es la ley”. Su intervención, breve pero contundente, sintetiza el sentimiento de múltiples sectores políticos que ven en el llamado “decretazo” una amenaza a la democracia y una provocación a la institucionalidad.

La directora del Partido de la U no solo cuestionó el fondo de la iniciativa presidencial, sino también las formas: para ella, revivir por vías irregulares una propuesta ya rechazada por el Senado implica vaciar de contenido la legalidad misma, erosionando la legitimidad de todo el proceso. Su llamado apunta a que la Corte Constitucional, máxima guardiana de la Carta Magna, no tendrá más opción que intervenir y detener una iniciativa que, según advierten varios juristas, viola el principio de separación de poderes.

Con esta declaración, Clara Luz Roldán se suma a líderes del Congreso, expertos en derecho constitucional y actores institucionales que han alertado sobre una posible ruptura democrática si el Gobierno insiste en avanzar con una consulta sin el aval del Senado, tal como lo exige la Ley 134 de 1994. Mientras tanto, la expectativa sobre la eventual firma del decreto crece, al igual que el temor a una confrontación directa entre el Ejecutivo y los altos tribunales del país.

En medio de la creciente tensión, una cosa parece quedar clara: la consulta por decreto no solo enfrenta cuestionamientos jurídicos, sino también un serio problema de legitimidad política. Como dijo Clara Luz: dura lex, sed lex.