En una decisión que ha sacudido los cimientos de la democracia colombiana, el presidente Gustavo Petro anunció este martes que firmará un decreto para convocar una consulta popular nacional, pese a que esta fue rechazada por el Senado el pasado 14 de mayo. La medida ha sido calificada por juristas y líderes políticos como una ruptura institucional sin precedentes, una violación a la separación de poderes y un atentado contra el Estado de derecho.

“Mi misión es hacer que el dueño de Colombia sea el pueblo”, dijo el presidente en su alocución, en la que confirmó que el decreto será firmado esta misma semana en Cali o Medellín, desafiando abiertamente al Congreso y a las normas vigentes. Bajo el argumento de que el Senado no votó correctamente y que se cometieron “trampas” en el procedimiento legislativo, Petro pretende anular la decisión del Legislativo e imponer su voluntad a través de un “decretazo” que muchos ya comparan con un intento de concentración autoritaria del poder.

La Ley 134 de 1994 es clara: toda consulta popular de orden nacional debe contar con el concepto favorable del Senado antes de ser convocada oficialmente. Sin este paso, la Registraduría no puede fijar un calendario electoral. Sin embargo, Petro y su equipo insisten en que dicho concepto no existió formalmente porque, supuestamente, no se leyó una proposición previa a la votación. Argumentan además que la votación fue cerrada abruptamente y que el secretario del Senado cambió el sentido del voto de un congresista opositor.

Pero el Consejo de Estado ya se pronunció: el trámite concluyó y el concepto fue desfavorable, por lo que la convocatoria a consulta no puede continuar. De hecho, el registrador nacional, Hernán Penagos, anunció que no fijará fecha de votación alguna, pues el requisito esencial no fue cumplido. En palabras del expresidente del Senado Efraín Cepeda, “si firman el decreto, no tendrá vida jurídica”. El decreto será demandado de inmediato.

Para el constitucionalista Humberto Sierra Porto, lo que está en juego no es solo una consulta, sino la vigencia misma de la democracia. “Una consulta por decreto en contra de la voluntad del Senado es una situación manifiestamente contraria a la Constitución. Esto es una ruptura de la separación de poderes”, afirmó. En la misma línea, el exministro de Justicia Andrés González advirtió que el Gobierno Petro está generando deliberadamente una crisis institucional para debilitar la legitimidad del Congreso y los jueces.

Mientras tanto, Petro mantiene su discurso de confrontación. Acusa a la oposición de impedir que el pueblo se exprese, y advierte que no permitirá que “unos pocos poderosos” bloqueen su reforma laboral, la cual, según él, cuenta con el respaldo de la OIT. “El pueblo tiene derecho a decidir”, insiste, incluso si para ello debe ir en contra de los procedimientos constitucionales establecidos.

Lo cierto es que, en estos momentos, Colombia enfrenta una de las tensiones políticas más graves de su historia reciente. La posibilidad de que un presidente convoque al pueblo por decreto, desconociendo al Congreso y pasando por alto las reglas de juego democrático, plantea una pregunta inquietante: ¿estamos ante una deriva autoritaria? ¿O será, como argumenta el presidente, el despertar de una soberanía popular largamente reprimida? Lo que está claro es que los próximos días definirán el rumbo institucional del país.