Desde el 1° de junio de 2025 comenzará a regir el Decreto 0572 expedido por el Gobierno Nacional, una medida con la que se eleva la autorretención en la fuente para múltiples sectores económicos. Aunque en apariencia la norma está dirigida principalmente a las empresas, sus implicaciones recaerán también sobre los trabajadores de clase media en Colombia, quienes empezarán a sentir sus efectos de forma indirecta a corto y mediano plazo.

El decreto, expedido por el Ministerio de Hacienda, busca anticipar el recaudo del impuesto de renta de 2026, trasladando parte de esa carga al flujo de caja de este año. La medida ajusta las tarifas mínimas de retención y autorretención sobre pagos o abonos según la actividad económica, lo que significa que sectores como la agricultura, la construcción, la energía y los servicios públicos deberán pagar más por cada ingreso recibido. Por ejemplo, el agro pasará de 0,55% a 1,2%, mientras que la energía eléctrica subirá de 2,2% a 4,5%, y la construcción, de 1,1% a 3,5%.

Aunque el decreto no modifica directamente el porcentaje de retención para asalariados, sus efectos sí podrían impactar a los trabajadores de clase media en varias formas.

En primer lugar, las empresas que enfrenten mayores cargas fiscales podrían ajustar su estructura de costos, afectando la generación de empleo, la estabilidad laboral o incluso los beneficios que ofrecen.

En segundo lugar, sectores como vivienda, energía o servicios, que aumentan su carga tributaria, podrían trasladar estos mayores costos a los consumidores a través de aumentos en tarifas o precios, reduciendo el poder adquisitivo de la clase media. A esto se suma la posibilidad de que las empresas, especialmente las pequeñas y medianas, vean comprometida su liquidez y se vean forzadas a reducir inversión, contratar menos o recurrir al endeudamiento.

Expertos como el exministro José Manuel Restrepo han advertido que este decreto equivale a una “reforma tributaria disfrazada”, pues anticipa ingresos futuros a costa de la estabilidad fiscal del próximo gobierno, al tiempo que pone en riesgo la sostenibilidad financiera de muchas empresas.

Otros sectores, como la Cámara Colombo Americana, han señalado que la medida compromete la continuidad de los negocios y el empleo, afectando directamente a quienes dependen de ellos: los trabajadores. Así, aunque no se trata de una reforma laboral ni de un aumento de impuestos para los ciudadanos de forma explícita, este decreto podría impactar la economía cotidiana del colombiano promedio en los meses venideros.