Las jornadas del paro nacional convocado para los días 28 y 29 de mayo de 2025 transcurrieron en el Valle del Cauca sin violencia, bloqueos definitivos ni mayores traumatismos para la ciudadanía. A pesar del llamado hecho por el presidente Gustavo Petro, la participación en las movilizaciones fue limitada y no se registraron alteraciones graves del orden público. El éxito en materia de seguridad se explica por una estrategia coordinada y anticipada liderada por la Gobernación del Valle, que permitió equilibrar el derecho a la protesta con la protección de la ciudadanía y el funcionamiento normal del territorio.

Uno de los ejes fundamentales fue la activación oportuna de Puestos de Mando Unificado (PMU) en municipios estratégicos como Cali, Jamundí y Buga, donde se concentraba el mayor riesgo de alteraciones. Desde estos centros de control, integrados por autoridades civiles, policiales, militares y organismos de socorro, se hizo monitoreo permanente a las marchas y se tomaron decisiones en tiempo real para mantener el orden.

En Jamundí, por ejemplo, donde hay fuerte presencia de disidencias armadas, se desplegó un componente especial del Ejército y la Policía, incluyendo la Caravana de Seguridad liderada por la Gobernación, el Gaula y unidades de tránsito. La alcaldía activó restricciones como la prohibición de transporte de escombros, venta de gasolina en envases no autorizados y la presencia estratégica de la Fuerza Pública en puntos clave, lo que disuadió cualquier intento de sabotaje.

Por su parte, en Buga se decretó toque de queda nocturno y restricción de motocicletas con parrillero, además de la alerta amarilla en la red hospitalaria, medidas que reforzaron la prevención. Estas acciones fueron acompañadas de vigilancia mediante cámaras de seguridad para aplicar sanciones en caso de desórdenes.

Cali, centro de las marchas más grandes, también registró movilizaciones sin hechos de violencia. La ruta desde el Parque de las Banderas hasta la plazoleta de San Francisco fue acompañada por agentes de movilidad y gestores de convivencia. Aunque la asistencia fue moderada, la jornada permitió el ejercicio del derecho a la protesta de forma pacífica y sin afectaciones mayores.

La gobernadora Dilian Francisca Toro fue enfática en destacar que el orden público se garantizó gracias a una combinación de “diálogo preventivo, protocolos claros y aplicación estricta del decreto de orden público”. A través de la circular número 5, envió directrices a los alcaldes para asegurar que las manifestaciones fueran pacíficas y, en caso de bloqueos, que se agotaran primero los canales de concertación antes de proceder al desmonte.

“La idea es proteger tanto a quienes protestan como a quienes no lo hacen. Pedimos unidad, sensatez y compromiso para seguir transformando el Valle con calma y respeto”, afirmó Toro, quien también pidió evitar la desinformación, instando a consultar solo los canales oficiales.

Así, el Valle del Cauca demostró que con planificación, liderazgo y articulación institucional, es posible responder a convocatorias de paro nacional sin recurrir al caos ni paralizar la vida cotidiana. La región no solo garantizó el derecho a la protesta, sino también la seguridad y la movilidad de millones de ciudadanos.