Desde el Valle del Cauca, la gobernadora Dilian Francisca Toro hizo un enérgico llamado nacional para que los niños sean excluidos de la violencia armada que afecta a diversas regiones del país. Su pronunciamiento se dio luego de la liberación de Lyan José Hortua, un niño de apenas nueve años que estuvo secuestrado durante 18 días por un grupo armado en zona rural de Jamundí.

Toro celebró el regreso del menor a su familia, pero subrayó la gravedad de que los grupos ilegales continúen afectando a los más vulnerables en medio del conflicto armado. “Nuestros niños son sagrados, intocables. Deben estar en las aulas, en los parques, creciendo y aprendiendo, no en medio de la violencia”, expresó.

La mandataria reiteró que la defensa de la niñez debe ser un compromiso de todas las instituciones del Estado, así como de la sociedad civil, y recalcó que ninguna causa justifica el uso o la instrumentalización de menores en conflictos armados. “Reafirmamos nuestro compromiso con la protección de la niñez porque nuestros niños no se tocan”, enfatizó.

El caso de Lyan José generó consternación en el país y encendió las alarmas sobre la presencia y accionar de grupos armados en zonas rurales del Valle, especialmente en municipios como Jamundí, donde persisten enfrentamientos entre estructuras ilegales por el control territorial. Organizaciones defensoras de derechos humanos han denunciado en reiteradas ocasiones que la niñez sigue siendo víctima directa de este escenario.

Las declaraciones de Toro se suman a los múltiples llamados que sectores políticos y sociales han elevado en los últimos meses para que el gobierno nacional adopte medidas urgentes de protección integral a la infancia en zonas de conflicto y acelere acciones efectivas de seguridad, atención psicosocial y garantías de no repetición.

El caso de Lyan José termina con un final esperanzador, pero también deja al descubierto las profundas heridas que la violencia sigue causando en los sectores más indefensos del país.