La Corte Suprema de Justicia decidió precluir la investigación penal contra la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, por el presunto delito de constreñimiento al elector durante las elecciones regionales de 2015. La decisión, tomada por el alto tribunal, se fundamentó en la prescripción del caso, lo que impide jurídicamente continuar con la acción penal.

El proceso se originó a raíz del testimonio de Ruvid Palacios Rivas, una excontratista del ICBF en Cali, quien aseguró haber sido presionada para conseguir 30 votos a favor de Toro cuando esta era candidata a la Gobernación. Según Palacios, la renovación de su contrato dependía de cumplir esta exigencia, lo cual denunció como una forma de coerción en el contexto electoral.

No obstante, la Fiscalía 11 Delegada ante la Corte Suprema solicitó la preclusión al constatar que el plazo legal para investigar penalmente los hechos había expirado el 28 de febrero de 2024, fecha anterior a la radicación formal del caso ante el alto tribunal. La Corte acogió este argumento y concluyó que no era posible continuar con el proceso debido a la expiración de los términos legales establecidos por la ley penal.

La decisión judicial aclara que no se evaluó el fondo de las acusaciones ni se estableció la responsabilidad penal de la mandataria, sino que se resolvió estrictamente sobre la base del vencimiento de los términos legales para adelantar el juicio. De este modo, Toro no será procesada penalmente y queda libre de cualquier responsabilidad judicial en este caso.

La resolución pone fin a una controversia judicial que acompañó durante años a la gobernadora y que había sido utilizada por sus críticos como argumento político. Con esta determinación, Dilian Francisca Toro queda exonerada judicialmente y podrá continuar su mandato al frente del departamento sin procesos pendientes por este asunto.