Una nueva controversia sacude al Gobierno Nacional tras la decisión del Consejo de Estado de prohibir al presidente Gustavo Petro la transmisión de los consejos de ministros por canales privados, locales y regionales.

Según el alto tribunal, dicha práctica vulnera el derecho fundamental a la información y compromete el principio de pluralismo informativo en la televisión abierta del país.

La determinación judicial obliga al mandatario a limitar las transmisiones exclusivamente a canales públicos como Señal Colombia y Canal Institucional. La Sala consideró que la emisión de estos consejos, muchas veces durante el horario prime entre las 7:00 p. m. y las 10:30 p. m., afectaba la libre elección de los televidentes, al reducir su acceso a contenidos diversos e imparciales en un espacio reservado históricamente para noticieros y entretenimiento.

“El ejercicio del derecho a la información debe ser libre y no impuesto”, señaló el Consejo de Estado, agregando que el uso simultáneo de todos los canales abiertos para transmitir discursos oficiales del Ejecutivo generó una “cercenación” de la pluralidad, enviando un mensaje que podría interpretarse como una imposición de la narrativa gubernamental como única fuente de información.

El fallo también recuerda que la figura de los consejos de ministros, aunque puede tener carácter informativo o institucional, no puede convertirse en una alocución oficial omnipresente, especialmente cuando se utiliza el espectro televisivo en franjas de alto consumo sin permitir espacio para la crítica, el contraste o la diversidad de enfoques.

Desde el Gobierno aún no hay pronunciamiento oficial frente a la decisión, pero fuentes cercanas a la Casa de Nariño consideran que esta medida representa un revés a la estrategia comunicativa del presidente Petro, quien ha insistido en mantener contacto directo con la ciudadanía a través de estos espacios, en los que combina anuncios de gobierno, balance de gestión y discursos de corte político.

El contrato para la transmisión de los consejos de ministros con RTVC, por 6.074 millones de pesos, sigue vigente hasta noviembre de 2025 o hasta que se agoten los recursos, pero tras la orden del alto tribunal, su alcance deberá ser restringido únicamente a medios públicos.

Con esta decisión, el Consejo de Estado envía un mensaje contundente sobre los límites del poder comunicativo del Ejecutivo y reafirma la necesidad de garantizar una televisión abierta equilibrada, donde la voz del gobierno no silencie la pluralidad que exige una democracia sana.