El Consejo de Estado abrió un incidente de desacato en contra del presidente Gustavo Petro, luego de que este no cumpliera con la orden de disculparse públicamente por haber llamado “victimarios” a quienes convocaron una marcha opositora en noviembre de 2024

La orden fue emitida por la Sección Quinta del alto tribunal el pasado 6 de marzo y, según la revisión del caso, el mandatario no ha hecho pronunciamiento alguno al respecto.

La decisión se tomó tras comprobar que ni el presidente ni el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) respondieron a un requerimiento hecho el 21 de marzo, en el que el Consejo les solicitó demostrar las acciones adelantadas para acatar la sentencia. Se verificaron las cuentas oficiales de ambos en la red social X (antes Twitter), y no se encontró ninguna publicación relacionada con las disculpas ordenadas.

El origen del caso fue una declaración que el presidente hizo el 7 de noviembre de 2024 en Chimichagua (Cesar), un día antes de la movilización convocada por la oposición. En ese evento, Petro afirmó que “mañana marcharán, convocan los victimarios, los que quieren que esta injusticia siga padeciéndose en el país…”. La frase fue registrada en video y difundida en su cuenta personal, donde también escribió que las marchas serían permitidas en el marco de una democracia, sin represión.

Para el alto tribunal, el uso del término “victimarios” por parte del presidente adquiere una gravedad especial en el contexto colombiano, pues puede asociarse con autores de crímenes graves, incluso de lesa humanidad. Por ello, se le había ordenado retractarse como una forma de proteger los derechos a la honra, el buen nombre y la libre expresión de los opositores señalados.

Ahora, el Consejo de Estado le ha dado al presidente dos días para que, junto con el Dapre, indique y acredite las actuaciones que haya adelantado para cumplir con la sentencia. De no hacerlo, podría enfrentarse a sanciones disciplinarias por desacato, conforme a lo establecido en las normas que regulan las acciones de tutela en el país.