Colombia ya cuenta con una norma que reconoce, previene y sanciona la violencia política contra las mujeres. Con la firma del presidente Gustavo Petro y los ministros del Interior, Justicia e Igualdad, fue sancionada la Ley 2453 de 2025, que garantiza rutas de protección para las mujeres que participan en política y reconoce las múltiples formas de agresión que enfrentan en este escenario, desde la violencia simbólica y económica hasta la sexual y digital.

Esta nueva legislación, aprobada por el Congreso y avalada por la Corte Constitucional, define como violencia contra las mujeres en política cualquier acción, omisión o conducta basada en el género que cause daño a una o varias mujeres o a sus familias, sin importar su afiliación política. La ley establece que las instituciones del Estado deberán implementar protocolos de prevención y atención, crear registros de denuncias, y brindar acompañamiento jurídico a las víctimas a través de la Procuraduría, Defensoría del Pueblo y personerías municipales. A su vez, impone a los partidos políticos la obligación de reformar sus estatutos para adoptar mecanismos de prevención y sanción interna.

Las cifras que sustentan esta legislación son contundentes: según los debates previos a su aprobación, el 64 % de las mujeres elegidas popularmente en el país han sido víctimas de alguna forma de violencia política. Las más comunes son la restricción del uso de la palabra (23,8 %) y la negación de recursos financieros o administrativos (22,31 %).

La sanción presidencial fue recibida con entusiasmo por congresistas de diversas bancadas. La senadora María José Pizarro expresó: “Por fin tenemos un mecanismo para garantizar nuestros derechos y hacer política en igualdad de condiciones”. Por su parte, la representante Catherine Juvinao celebró la existencia de un marco legal que protege a las mujeres de violencias que históricamente han sido normalizadas en la política colombiana.

Una de las voces más sentidas fue la de la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, quien ha sido una de las líderes que más ha insistido en la necesidad de visibilizar esta problemática: “Muchas de nosotras, mujeres que hemos consagrado nuestras vidas al servicio público a través de la política, sabemos que este no es un sendero fácil. Nos han querido reducir, silenciar, invisibilizar, pero aquí estamos, resistiendo con el alma en cada paso”, afirmó en una declaración pública. Toro celebró que, tras años de lucha, el país cuente con una herramienta legal que respalde a las mujeres que se atreven a liderar, y advirtió que aún queda mucho por hacer: “La batalla no termina aquí. El odio contra la mujer en la política sigue siendo una sombra que debemos desterrar”.

La Ley 2453 de 2025 no solo marca un antes y un después en la legislación colombiana, sino que también reconoce el derecho de las mujeres a ejercer liderazgo político sin ser blanco de ataques, exclusiones o violencias por razones de género. Es un triunfo de la sororidad, de la resistencia y de la convicción de que la política también les pertenece.