Miles de propietarios en Colombia se enfrentan a una nueva carga económica tras la directriz de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), que ahora considera que el uso de zonas comunes en conjuntos residenciales equivale a una «explotación comercial», lo que implica el cobro del IVA sobre estos espacios.

Desde agosto de 2024, administradores de propiedad horizontal han comenzado a recibir notificaciones de la Dian exigiendo que informen a los residentes sobre esta nueva obligación tributaria. Áreas como salones comunales, parqueaderos de visitantes, piscinas y canchas deportivas serán gravadas con este impuesto, generando preocupación y rechazo entre los propietarios, quienes argumentan que estos espacios no generan ganancias y que su mantenimiento ya está contemplado en la administración mensual.

Una medida que amenaza la economía de los propietarios

El cobro del IVA afectará directamente a quienes habitan en conjuntos residenciales, pues además de la cuota de administración y los gastos de mantenimiento, ahora deberán asumir este nuevo impuesto cada vez que hagan uso de un espacio común. “No es un lujo ni un negocio, es un servicio para los propietarios. No debería cobrarse como si fuera una actividad comercial”, expresó Harold Ardila, experto en propiedad horizontal.

Sin embargo, la Dian se mantiene firme en su postura, argumentando que según el artículo 462 del Estatuto Tributario, estos cobros constituyen un «arrendamiento de espacios comunes» y, por lo tanto, deben tributar como cualquier otra actividad comercial.

Multas y sanciones a la vista

Por ahora, la Dian ha enviado notificaciones a los conjuntos residenciales instándolos a actualizar su Registro Único Tributario (RUT) y a implementar facturación electrónica para el cobro del IVA en las zonas comunes. Pero la advertencia es clara: si un conjunto no acata la medida y un funcionario de la Dian detecta ingresos por el uso de estas áreas, podría imponer sanciones severas.

El temor entre propietarios y administradores crece, pues el impacto financiero será significativo, sumándose a una ya alta carga de costos de vida. Mientras tanto, los afectados exigen claridad y medidas que protejan a quienes simplemente buscan disfrutar de los espacios que ya pagan con su administración mensual. ¿Hasta dónde llegará el impacto de esta nueva medida?