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La canciller de Colombia, Laura Sarabia, presentó este lunes ante la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas en Viena una propuesta del gobierno del presidente Gustavo Petro para que la hoja de coca sea retirada de la lista de sustancias más dañinas.
Según la funcionaria, la medida tiene fundamento en razones científicas y prácticas, ya que la planta en su estado natural no representa un peligro para la salud.
Durante su intervención, Sarabia cuestionó la efectividad de la guerra contra las drogas y señaló que sus consecuencias han sido más perjudiciales que los resultados obtenidos. “Colombia ha cumplido a cabalidad con el régimen global de drogas. A pesar de ello y de los miles de millones invertidos, esto no ha logrado disminuir el consumo, la producción y el tráfico de drogas. El modelo actual no arroja los resultados esperados”, afirmó.
Además, subrayó los efectos negativos del narcotráfico en el país, mencionando que ha frenado el desarrollo, victimizado a millones de personas, financiado grupos ilegales, acelerado la deforestación y afectado a comunidades enteras.
La canciller llevó dos iniciativas concretas a la ONU. La primera es la exclusión de la hoja de coca de la lista de sustancias más peligrosas, argumentando que su potencial podría aprovecharse en usos industriales como fertilizantes y bebidas. Sin embargo, enfatizó que esto no implica dejar de erradicar los cultivos destinados al narcotráfico.
En cuanto a la interdicción, Sarabia destacó que, entre agosto de 2022 y enero de 2025, el gobierno ha incautado cerca de 1,9 millones de kilogramos de clorhidrato de cocaína y 215.000 kilogramos de base de coca, además de la destrucción de 454 laboratorios utilizados para el procesamiento de la droga.
La segunda propuesta se centra en ofrecer alternativas económicas viables y rentables para las comunidades que dependen del cultivo de hoja de coca. Sarabia criticó la falta de financiación para programas de sustitución de cultivos y señaló que Colombia ha destinado 416 millones de dólares a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), convirtiéndose en el segundo mayor aportante después de Estados Unidos.
“La financiación no está llegando donde se necesita. Revisaremos los contratos de cooperación de la oficina para garantizar transparencia y austeridad en su ejecución”, aseguró la canciller.
El gobierno colombiano ha reiterado que no promoverá la erradicación forzada de cultivos de coca, sino que priorizará la erradicación voluntaria a través de proyectos productivos que generen ingresos sostenibles para los campesinos.
Esta postura fue respaldada recientemente por el ministro del Interior, Armando Benedetti, quien en Popayán (Cauca) afirmó que “no habrá erradicación forzada en el Micay”, sino un impulso al programa de sustitución voluntaria.
Con esta propuesta, el gobierno de Gustavo Petro busca abrir el debate internacional sobre un enfoque alternativo en la lucha contra las drogas y el papel que la hoja de coca puede desempeñar en una economía legal y regulada.
