La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) concluyó que las ejecuciones extrajudiciales en Antioquia entre 2004 y 2007 no formaron parte de la política oficial de Seguridad Democrática.

Aunque no se encontraron órdenes escritas que promovieran estos crímenes, sí se identificaron presiones e incentivos dentro de las Fuerzas Militares que facilitaron su ocurrencia.

En una rueda de prensa, Catalina Díaz, presidenta de la Sala de Reconocimiento de la JEP, explicó que, pese a evidenciar un patrón sistemático de asesinatos y desapariciones de civiles a nivel nacional, no se hallaron pruebas que vinculen directamente estas prácticas con documentos oficiales de la Política de Seguridad y Defensa Democrática, el Plan Patriota o el Manual de Estado Mayor 3-50.

La JEP imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad a cuatro generales retirados y a 25 oficiales del Ejército Nacional por su presunta participación en 442 casos de falsos positivos en Antioquia. Según la investigación, las víctimas fueron presentadas como bajas en combate con el fin de inflar los resultados operacionales de la institución castrense.

Díaz reveló que en 2006 se llevaron a cabo reuniones de alto nivel en Antioquia, en las cuales delegados del Gobierno Nacional y las Fuerzas Militares discutieron medidas para frenar el incremento de estos hechos. Entre las estrategias propuestas figuraba el fortalecimiento de la presencia de la Fiscalía en los levantamientos de cuerpos, debido a que en muchos casos eran los mismos militares quienes realizaban estas diligencias de manera directa.

Los generales retirados Óscar Enrique González Peña, Luis Roberto Pico Hernández, Jorge Ernesto Rodríguez Clavijo y Juan Carlos Piza Gaviria fueron señalados de favorecer una política de «conteo de cuerpos», que incentivó el asesinato de civiles. Junto a ellos, se imputó a 25 oficiales, 10 suboficiales y dos civiles, estos últimos señalados de reclutar víctimas a cambio de pagos.

Díaz enfatizó que la JEP no tiene competencia sobre expresidentes, por lo que las investigaciones se centran exclusivamente en las estructuras militares y otros actores involucrados en estos crímenes. También aseguró que las determinaciones finales se basarán en un exhaustivo análisis de documentos, testimonios y versiones entregadas por los implicados.

Según los hallazgos de la JEP, en Antioquia se registró un aumento sostenido de los falsos positivos hasta 2004, mientras que a nivel nacional estos crímenes alcanzaron su pico más alto entre 2006 y 2007. La entidad continuará avanzando en el esclarecimiento de estos hechos, enmarcados dentro de su mandato de justicia transicional.