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La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, lanzó una alerta contundente sobre la creciente violencia en su departamento y exigió medidas inmediatas al Gobierno Nacional para evitar que territorios como Florida y Pradera terminen sumidos en el mismo nivel de conflicto que el Catatumbo.
La Defensoría del Pueblo emitió una Alerta Temprana de Inminencia para 2025, señalando el grave riesgo de violaciones a los derechos humanos en varios municipios del Valle del Cauca, donde las comunidades indígenas, campesinas y líderes sociales están en peligro por la disputa entre las disidencias de las Farc.
La gobernadora Toro, en entrevista con 6AM, fue clara: el conflicto armado está escalando en varias regiones del suroccidente del país, mientras el Estado no toma medidas estructurales para enfrentarlo. “Nosotros hacemos todo lo que podemos, pero necesitamos mucho más apoyo del Gobierno Nacional y estrategias regionales eficaces”, advirtió.
En municipios como Florida y Pradera, los enfrentamientos entre grupos ilegales han generado asesinatos, reclutamiento de menores y desplazamientos masivos. Para Toro, es preocupante que el conflicto no solo se concentra en el Valle del Cauca, sino también en Cauca, Nariño y Chocó, donde el accionar de estos grupos es cada vez más violento.
«No podemos permitir que el Valle del Cauca se convierta en otro Catatumbo», enfatizó la mandataria, recordando que la región nororiental del país sufrió una crisis humanitaria tras el avance del ELN y el narcotráfico.
La situación en el Bajo Calima y la cordillera occidental es igualmente alarmante. En el primero, la población retornó tras dos años de desplazamiento, pero se enfrenta a la presencia de tres grupos armados ilegales: ELN, Clan del Golfo y la estructura Jaime Martínez. En la cordillera, la violencia es provocada por cuatro actores armados que buscan controlar el territorio estratégico para el tráfico de drogas.
La gobernadora del Valle del Cauca ha insistido en la necesidad de más presencia de la fuerza pública, más recursos y mayor operatividad aérea para frenar el avance de estos grupos ilegales. “El problema no es solo la confrontación entre la fuerza pública y estos actores, sino la lucha interna entre las disidencias por controlar corredores estratégicos”, explicó.
Además, la mandataria denunció la persistencia de minas ilegales en Buenaventura, subrayando que mientras el Estado no intervenga ni genere alternativas económicas, la violencia seguirá creciendo. «Nos han apoyado, pero necesitamos mucho más respaldo antes de que la situación se vuelva inmanejable», concluyó.
La pregunta que queda en el aire es: ¿actuará el Gobierno a tiempo o dejará que el Valle del Cauca se hunda en la violencia como otras regiones del país?
