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La senadora Norma Hurtado, del Partido de la U, lanzó una fuerte advertencia sobre el inminente aumento en las tarifas de energía en todo el país debido al retraso del Gobierno Nacional en el pago de los subsidios destinados a los estratos 1, 2 y 3
Según la congresista, millones de familias colombianas podrían enfrentar incrementos de hasta 150% en sus facturas de energía si el Ejecutivo no garantiza el desembolso de estos recursos.
«No pagar es condenar a las familias más vulnerables de Colombia. Una familia de estrato 1 podría pasar de pagar $50.000 a $125.000 en su recibo de energía. Es urgente que el Gobierno cumpla con su obligación y garantice estos subsidios”, manifestó Hurtado.
La falta de desembolsos ya ha generado impactos visibles en el sector. El apagón en Puerto Carreño (Vichada), ocurrido el pasado 2 de enero y que afectó a 40.000 personas, es un claro ejemplo de la crisis. La empresa Electro Vichada, encargada del servicio en la región, confirmó que el Gobierno adeuda más de $6.100 millones en subsidios, lo que le impidió garantizar el suministro eléctrico.
Si bien el servicio fue restablecido tras un acuerdo entre el Ministerio de Minas y Energía y los proveedores, el problema de fondo persiste. Según los gremios del sector energético, la demora en los pagos del Gobierno podría llevar a una “crisis financiera sistémica” que afectaría la sostenibilidad de las empresas y, en consecuencia, la estabilidad del servicio eléctrico en todo el país.
Las principales asociaciones del sector energético, entre ellas Andesco, Acolgen, Andeg, Asocodis, Naturgas y la Asociación de Energías Renovables (SerColombia), han advertido que el país se encuentra en un escenario de alto riesgo si no se toman medidas inmediatas.
En un comunicado conjunto, los gremios señalaron que las empresas ya han cubierto subsidios por $2,7 billones en 2023, sin recibir la compensación del Estado. Además, indicaron que el Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2025 no contempla la financiación completa de estos subsidios, lo que deja un panorama incierto para los usuarios.
«Históricamente, los gobiernos han cumplido con el pago de estos recursos. Sin embargo, los montos aprobados en el PGN 2025 dejan sin cobertura dos trimestres de subsidios para la energía eléctrica y dos trimestres y medio para el gas natural», señalaron las asociaciones.
De no garantizarse los pagos, las empresas se verían obligadas a desmontar los subsidios, lo que generaría un alza sin precedentes en las tarifas de energía. Según los cálculos de los gremios, los aumentos podrían llegar hasta el 150%, lo que afectaría gravemente a los estratos más bajos.
A esto se suma la crisis de liquidez de las comercializadoras de energía, lo que podría obligarlas a comprar electricidad a precios más altos en el mercado, trasladando estos costos a los usuarios finales.
Ante esta situación, la senadora Norma Hurtado y los gremios del sector han solicitado al Gobierno tres medidas urgentes:
Además, se ha pedido al presidente Gustavo Petro cumplir con su promesa de asumir la deuda de la opción tarifaria, que asciende a $4,5 billones y que fue heredada del gobierno anterior tras la pandemia.
Mientras el Gobierno no presente una solución clara, la incertidumbre sigue creciendo en el sector energético y en millones de hogares colombianos. La crisis en Puerto Carreño podría ser solo un anticipo de lo que vendría si no se toman medidas inmediatas para garantizar el acceso a la energía a precios asequibles.
