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El presidente Gustavo Petro desató una controversia al publicar en su cuenta de X (antes Twitter) una imagen con las coordenadas de un campamento del ELN en Catatumbo, Norte de Santander. Aunque desde la Policía Nacional y el Ministerio de Defensa se afirmó que esta acción no afectó ninguna operación militar, fuentes de agencias de seguridad del Estado sostienen lo contrario.
Según reveló Semana, en la zona donde Petro publicó la imagen estaba planeada una operación militar para capturar a un Omave (Objetivo Militar de Alto Valor Estratégico), es decir, un alto mando del ELN.
Las fuentes indicaron que las fuerzas especiales ya estaban listas, pero la operación se había retrasado porque no contaban con las aeronaves necesarias para ingresar al terreno. Tras la publicación del presidente, el operativo fue cancelado por seguridad de las tropas.
«Luego de la publicación de la foto, la operación se canceló por seguridad de las tropas», afirmó una fuente de alto nivel citada por el medio.
El director de la Policía, general William Salamanca, negó que la publicación del presidente haya afectado alguna operación, pero admitió no conocer con exactitud las coordenadas que Petro hizo públicas.
Por su parte, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, también negó que la acción del presidente haya puesto en riesgo un operativo militar.
La revelación de estas coordenadas ocurre en un momento crítico para la región del Catatumbo, que enfrenta una grave crisis de orden público. Allí, el ELN y las disidencias de las FARC libran una sangrienta disputa territorial que ha dejado más de 52 homicidios y 30.000 desplazados.
Sectores políticos y militares han señalado al Gobierno de Venezuela de permitir el uso de su territorio para que el ELN movilice tropas y combata a las disidencias del Frente 33 de alias Jhon Mechas.
El debate sobre la publicación de Petro continúa. Para algunos, se trató de un error grave que habría puesto en peligro una operación clave. Para otros, fue un mensaje político al ELN y a las Fuerzas Armadas en medio de las tensiones por los diálogos de paz.
Lo cierto es que este nuevo episodio agrava la relación entre el Gobierno y sectores de la seguridad del Estado, que han cuestionado el manejo de la política de defensa y orden público en el país.
