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La reciente decisión de la Corte Suprema de Justicia de confirmar la condena de 5 años y 2 meses de prisión contra la influencer y empresaria Daneidy Barrera Rojas, conocida como Epa Colombia, ha generado un intenso debate en el país
Mientras unos celebran que la justicia actúe de forma ejemplar frente a actos de vandalismo, otros cuestionan la proporcionalidad de la pena, comparándola con la impunidad en casos graves como feminicidios y con los indultos otorgados a exguerrilleros de las Farc y el ELN.
Daneidy Barrera, quien saltó a la fama en 2016 con un video viral alentando a la Selección Colombia, fue procesada por grabarse destruyendo con un martillo una estación de TransMilenio durante las protestas sociales de noviembre de 2019. Según el fallo, la influencer cometió delitos de perturbación en servicio público de transporte colectivo u oficial, instigación a delinquir con fines terroristas y daño en bien ajeno.
La condena incluye no solo la pena privativa de libertad, sino también la inhabilitación para el ejercicio de su oficio de influencer, lo que implica que no podrá usar sus redes sociales para crear contenido ni generar ingresos durante más de cinco años. Esto afecta directamente su emporio empresarial de keratinas y salones de belleza, construido gracias a su popularidad en plataformas como Instagram, donde acumula 5.2 millones de seguidores, y TikTok, con 3 millones.
El fallo de la Corte Suprema ha sido interpretado por algunos sectores como una señal de que los actos de vandalismo durante las protestas no quedarán impunes. Según la sentencia, Barrera no solo dañó bienes públicos, sino que utilizó su influencia para incitar a otros a cometer delitos, lo que, en palabras del tribunal, «rebasa el marco de la libertad de expresión».
Sin embargo, la severidad de la condena ha desatado críticas. Para muchos, el caso de Epa Colombia resalta las inequidades del sistema judicial en un país donde persisten altos índices de impunidad en crímenes mucho más graves.
Por ejemplo, organizaciones sociales han denunciado que cientos de feminicidios siguen sin resolverse o con penas irrisorias para los responsables. Asimismo, los indultos y beneficios legales otorgados a excombatientes de grupos armados como las Farc y el ELN contrastan con la rigidez aplicada en el caso de la influencer.
«Es inaudito que mientras asesinos y violadores reciben penas mínimas o acuerdos de paz que les garantizan beneficios legales, una mujer que cometió un acto reprochable pero sin víctimas humanas sea condenada con tal dureza,» opinó un analista jurídico en redes sociales.
La inhabilitación de Barrera para usar sus redes sociales no solo afecta su actividad como influencer, sino que también amenaza el futuro de su empresa, que ha generado empleo para decenas de personas. En un video publicado antes de su captura, Barrera aseguró que su condena «destruye a toda una familia y deja sin sustento a quienes dependen de mí».
Por otro lado, algunos critican la narrativa que presenta a Epa Colombia como una víctima, argumentando que su acto de vandalismo fue deliberado y que su influencia en redes sociales amplificó el impacto del mismo.
El caso de Epa Colombia plantea preguntas fundamentales sobre justicia y proporcionalidad en Colombia. Mientras algunos ven en la condena una oportunidad para enviar un mensaje claro contra el vandalismo, otros advierten que este tipo de medidas refuerzan la percepción de que la justicia actúa con más rigor contra ciertos sectores de la población, mientras permite que crímenes más graves queden impunes.
El país se encuentra dividido entre quienes consideran que Epa Colombia debe pagar por sus actos y quienes creen que su condena es un reflejo de un sistema judicial que sigue sin priorizar a las víctimas de delitos de mayor impacto social.
La decisión también deja en evidencia las tensiones entre la necesidad de imponer justicia y las críticas al sistema judicial, que parecen no encontrar un punto de equilibrio frente a las complejidades de los problemas sociales y políticos en Colombia.
