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Un nuevo escándalo sacude al Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena), luego de que la Contraloría General de la República revelara hallazgos fiscales por $47.261 millones tras una auditoría de cumplimiento.
Las irregularidades se relacionan con el manejo de recursos del Fondo Emprender, la contratación de servicios TIC y la ampliación de la urgencia manifiesta. Sin embargo, lo que ha encendido la polémica es la presunta relación del congresista Duvalier Sánchez con decisiones clave que habrían agravado la crisis.
Según la Contraloría, el mayor detrimento patrimonial provino de la revocación de un proceso licitatorio para los servicios TIC del Sena. Aunque había una oferta habilitada para adjudicar el contrato, la institución decidió extender la contratación por urgencia manifiesta, lo que generó un sobrecosto de $43.660 millones. Esta decisión, que afectó la operación tecnológica del Sena, ha sido objeto de críticas por su falta de planeación y transparencia.
Fuentes cercanas al proceso señalan que Sánchez, quien en su rol como congresista y miembro de la Comisión Sexta del Senado —responsable de supervisar temas relacionados con tecnología y educación—, habría influido indirectamente en la toma de decisiones que derivaron en la ampliación de la urgencia manifiesta. Su cercanía con algunos operadores del sector tecnológico ha despertado sospechas de posibles conflictos de interés.
Otra de las irregularidades detectadas involucra al Fondo Emprender, que perdió más de $3.600 millones debido a la falta de diligencia en la recuperación de recursos de proyectos incumplidos por emprendedores. Aunque el Sena tiene mecanismos para condonar o reclamar los fondos, la auditoría evidenció una gestión ineficaz que permitió que el dinero se perdiera.
En este punto, la polémica se intensifica, ya que el congresista Sánchez ha sido un promotor activo de iniciativas relacionadas con el emprendimiento y el uso de recursos del Sena para fortalecer programas regionales. Algunos analistas han cuestionado si Sánchez utilizó su influencia para facilitar la aprobación de contratos y proyectos que no cumplieron los requisitos necesarios, contribuyendo al daño fiscal.
La Contraloría ha advertido sobre posibles nexos entre contratistas beneficiados por las decisiones del Sena y figuras políticas que impulsaron la ampliación de la urgencia manifiesta. Aunque no se ha confirmado su responsabilidad directa, Sánchez ha sido señalado por sectores de la oposición como un actor clave en la red de intereses que rodea los contratos de servicios TIC y emprendimiento.
Organizaciones de la sociedad civil han exigido explicaciones al congresista y la apertura de investigaciones por parte de las autoridades competentes. Mientras tanto, Sánchez no ha emitido declaraciones oficiales sobre su posible vinculación al caso.
El escándalo ha generado una oleada de reacciones en el ámbito político. Voceros de la bancada opositora han solicitado la renuncia del director del Sena y han planteado la necesidad de investigar a fondo las conexiones entre figuras políticas y los contratos irregulares.
Por su parte, la Contraloría ha instado a la Procuraduría General y a la Fiscalía a tomar medidas para esclarecer los hechos y sancionar a los responsables. Entre tanto, los estudiantes y empleados del Sena siguen enfrentando dificultades debido a la afectación en los servicios tecnológicos, lo que agrava aún más la percepción de desconfianza hacia la gestión institucional.
Este caso no solo pone en el centro del debate la administración de los recursos públicos, sino que también plantea serios cuestionamientos sobre la transparencia y los intereses detrás de decisiones clave que afectan a miles de colombianos.
