El ministro de Defensa, Iván Velásquez, admitió este lunes fallas operativas e ineficiencia de las Fuerzas Militares (FFMM) para atender las alertas tempranas sobre la crisis de seguridad en el Catatumbo, Norte de Santander.

En medio de un panorama de violencia y desplazamiento forzado, el Gobierno evalúa decretar un estado de excepción en la región para mitigar el impacto del conflicto.

Velásquez reconoció que las alertas emitidas por la Defensoría del Pueblo desde noviembre de 2024, que advertían sobre posibles confrontaciones entre el ELN y las disidencias de las FARC, no fueron atendidas de manera efectiva. “Ni la inteligencia ni las acciones desplegadas por nuestras Fuerzas Militares tuvieron la eficacia necesaria para prevenir esta crisis. Es una situación que debemos aceptar y corregir de inmediato”, afirmó el ministro en entrevista con Mañanas Blu.

La violencia en la región se ha intensificado en los últimos días con ataques del ELN que han dejado un saldo de cinco firmantes del acuerdo de paz asesinados, seis desaparecidos y cientos de desplazados. Según Velásquez, el Gobierno ha evacuado a 14 firmantes de paz y ha enviado 5.000 uniformados, incluidos 400 de fuerzas especiales, pero estas medidas han resultado insuficientes.

La ruptura de alianzas entre el ELN y las disidencias de las FARC, que hasta 2024 mantenían cooperación en la región, ha desatado una disputa por el control territorial y la economía ilícita del Catatumbo. Velásquez explicó que el ELN habría dirigido ataques contra firmantes de paz bajo la sospecha de que algunos tienen vínculos con las disidencias. “El conflicto entre estos grupos refleja una lucha por la hegemonía en territorios estratégicos. Aunque no hay confirmaciones absolutas, es evidente que la ruptura ha escalado las tensiones en la región”, señaló.

Ante la magnitud de la crisis, el Gobierno analiza decretar el estado de conmoción interior, una medida extraordinaria que permitiría al Ejecutivo restringir derechos fundamentales y disponer recursos de manera inmediata para atender la emergencia. “Un estado de conmoción podría incluir restricciones de movilidad, asignación de recursos para ayuda humanitaria y el fortalecimiento del control territorial en el Catatumbo. Es una decisión urgente que será evaluada en el consejo de ministros de hoy”, detalló Velásquez.

Aunque la medida estaría focalizada en el Catatumbo, no se descarta su aplicación en otras regiones afectadas, como el Cauca y Guaviare, donde también se registran enfrentamientos entre grupos armados.

El ministro también abordó la situación en Guaviare, donde las disidencias de ‘Iván Mordisco’ y ‘Calarcá’ se enfrentan por el control de economías ilegales, dejando al menos 20 muertos en enfrentamientos recientes. Velásquez subrayó que el panorama de seguridad en Colombia se complica por la proliferación de disputas territoriales entre actores armados. “La situación en Guaviare y el Catatumbo evidencia la necesidad de fortalecer nuestras capacidades de inteligencia y de acción para garantizar la seguridad en los territorios y proteger a las comunidades”, aseguró.

Velásquez admitió que la crisis actual evoca los años más oscuros de la violencia en Colombia, aunque insistió en que el Gobierno trabaja para evitar que se repitan los errores del pasado. “Es cierto que enfrentamos desafíos similares a los de hace dos décadas, pero también hemos avanzado en el control territorial y en garantizar derechos fundamentales. Ahora, el reto es redoblar esfuerzos para proteger a los colombianos en estas zonas afectadas”, concluyó el ministro.

Con la posibilidad de un estado de conmoción interior y un despliegue militar reforzado, el Gobierno de Gustavo Petro enfrenta una de sus mayores pruebas en materia de seguridad desde el inicio de su mandato. La próxima decisión será crucial para determinar el rumbo de la política de paz total en el país.