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Las EPS intervenidas por el Gobierno registraron más de 875.000 reclamos durante 2024, marcando un nuevo récord en las solicitudes de los usuarios para garantizar su derecho a la salud.
Este panorama forma parte de una problemática más amplia que refleja un incremento global de las quejas en el sistema de salud colombiano, con un total de 1.584.430 solicitudes registradas hasta noviembre de ese año, según cifras de la Superintendencia Nacional de Salud.
El incremento de reclamaciones, que supera los 1,2 millones de 2023, pone en evidencia las fallas estructurales en la prestación de servicios de las EPS, tanto intervenidas como no intervenidas. Las entidades con más quejas incluyen Nueva EPS (323.687 reclamos), Sanitas (203.087) y Famisanar (106.294). Estas tres concentraron casi la mitad de las solicitudes, pese a las medidas de vigilancia y ajuste implementadas por el gobierno del presidente Gustavo Petro.
Las nueve EPS intervenidas, entre ellas Nueva EPS, Sanitas, Famisanar, Savia Salud, Coosalud y Capresoca, concentraron más de la mitad de las quejas totales en 2024. Estas organizaciones, que atienden a millones de colombianos, enfrentan una presión creciente por parte de sus afiliados que reportan demoras, dificultades en la asignación de citas, negación de medicamentos y procedimientos médicos.
El presidente Gustavo Petro destacó recientemente una disminución en las reclamaciones durante el último trimestre de 2024. En una publicación en su cuenta de X (antes Twitter), aseguró que las medidas de intervención y la optimización de los recursos de la UPC (Unidad de Pago por Capitación) han contribuido a mejorar el servicio en las EPS intervenidas. Sin embargo, el panorama general del sistema de salud muestra una tendencia al alza en las quejas, lo que ha generado un fuerte debate sobre la sostenibilidad del modelo actual.
Las cifras históricas de reclamos se producen en medio de la discusión sobre la reforma al sistema de salud impulsada por el Gobierno, que propone convertir a las EPS en gestoras de salud enfocadas en la prevención y la atención primaria, eliminando su rol como intermediarias financieras.
“Los problemas solo se resolverán cuando las EPS dejen de ser aseguradoras y se conviertan en gestoras de salud, priorizando la prevención y la atención territorializada”, expresó Petro en su defensa de la reforma.
Por su parte, las EPS han señalado que la insuficiencia en los recursos asignados por la UPC, sumada al aumento en los costos operativos, ha dificultado garantizar una atención de calidad. Organizaciones como Fedesalud han advertido que los ajustes de la UPC para 2025, considerados insuficientes, podrían agravar aún más la situación.
A pesar de la moderada mejora reportada en las EPS intervenidas, los usuarios siguen enfrentando largos tiempos de espera, falta de cobertura en tratamientos especializados y problemas administrativos. La Superintendencia Nacional de Salud continúa monitoreando la situación mientras el Gobierno avanza con su propuesta de transformación del sistema, una apuesta que busca atacar las raíces de la crisis actual.
El debate sigue abierto, pero lo que queda claro es que 2024 pasará a la historia como un año crítico para el sistema de salud en Colombia, con cifras récord de reclamaciones y una creciente presión para implementar cambios estructurales que beneficien a los usuarios.
