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El Centro Agropecuario de Buga (CAB), parte del SENA en el Valle del Cauca, es escenario de fuertes denuncias por presuntas irregularidades en la contratación de personal para 2025
Según el sindicato SINDESENA, cerca de 130 contratistas podrían ser reemplazados como parte de un supuesto esquema de cuotas políticas que involucra a figuras del Partido Verde, entre ellos el congresista Duvalier Sánchez y el director general del SENA, Jorge Eduardo Londoño Ulloa.
De acuerdo con las denuncias, la selección de contratistas para el próximo año no estaría basada en criterios de meritocracia o experiencia profesional, sino en las recomendaciones de concejales y excandidatos locales vinculados al Partido Verde. Testimonios de trabajadores, que prefirieron mantener el anonimato por temor a represalias, describen un proceso «perverso» donde se priorizan intereses politiqueros por encima de la calidad educativa.
“No podemos dejar a éste por fuera porque viene recomendado por…” y “Tenemos que sacar a estos para poder meter a los del partido”, son algunas de las frases que, según las denuncias, reflejan el manejo interno en el CAB. Estos cambios, denuncian los trabajadores, constituyen una «masacre laboral» que amenaza con destruir la estabilidad de decenas de familias y la calidad educativa de la región.
El congresista Duvalier Sánchez, del Partido Verde, ha sido señalado como el principal responsable de este esquema de contratación politizada. Según SINDESENA, Sánchez habría dado su aval para que se prioricen contratistas afines al partido en el poder. Además, se acusa al director general del SENA, Jorge Eduardo Londoño Ulloa, también del Partido Verde, de ser cómplice al guardar silencio y no tomar acciones frente a las denuncias.
“El director general actúa como la canción de Shakira: ciego, sordomudo. No ve, no escucha y no habla”, expresó un portavoz de SINDESENA con indignación.
El sindicato también advierte que estas prácticas no solo afectan a los contratistas, sino también a la calidad de la educación que el SENA ofrece a la comunidad. «En lugar de construir una educación de calidad, se perpetúan las viejas prácticas de la politiquería que tanto daño han hecho a la institución y a sus estudiantes», añadió el vocero sindical.
Entre los afectados directos se encuentran trabajadores con amplia experiencia y condiciones de vulnerabilidad, quienes ahora enfrentan la posibilidad de perder sus empleos sin justificación alguna. La situación ha generado indignación en la comunidad educativa y llamado la atención de organismos de control como la Contraloría y la Procuraduría, quienes han sido instados a intervenir.
Ante el creciente escándalo, los denunciantes han pedido una intervención inmediata de las autoridades competentes para frenar lo que califican como un atentado contra la educación pública. “Es necesario que la Procuraduría investigue estas irregularidades y que se garantice la transparencia en la contratación del CAB”, concluyó el sindicato.
Por ahora, ni Duvalier Sánchez ni Jorge Eduardo Londoño han emitido declaraciones al respecto. Sin embargo, la polémica ya está generando reacciones en redes sociales, donde ciudadanos y organizaciones han manifestado su rechazo a estas presuntas prácticas politiqueras.
El caso del CAB de Buga pone en evidencia la tensión constante entre la política y la administración de entidades públicas. Con la contratación de 2025 aún en proceso, queda por ver si las autoridades tomarán medidas para garantizar la transparencia y si el Partido Verde logrará superar el escrutinio que ahora enfrenta.
