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La imputación realizada por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) contra seis exmiembros del secretariado de las FARC por 18.677 casos de reclutamiento forzado de menores ha generado una fuerte polémica, especialmente entre las víctimas, quienes consideran que los crímenes no han sido abordados con la suficiente rigurosidad.
La Federación Colombiana de Víctimas de las FARC (Fevcol) presentó un documento contundente en el que exige a la JEP que redefina las imputaciones, señalando que los menores no solo fueron reclutados, sino también sometidos a esclavitud sexual, trabajos forzados y adoctrinamiento ideológico.
“El patrón de violencia sexual debe ser redefinido como esclavitud sexual, para estar acorde a la jurisprudencia internacional de la CPI. Además, no se condena explícitamente el uso de menores como espías, mensajeros, portadores de suministros o escudos humanos, lo que invisibiliza estos crímenes y facilita su repetición”, afirmó Fevcol en el documento.
Las víctimas también cuestionaron que la JEP no haya catalogado a las FARC como una organización terrorista, a pesar de que ha sido designada como tal a nivel internacional y en Colombia.
“Decir que las FARC solo fue una organización rebelde omite la brutalidad de sus actos. Las prácticas como el reclutamiento forzado y la violencia sexual evidencian su esencia terrorista”, argumentaron los representantes de Fevcol.
El documento denuncia que la JEP ha limitado la imputación a una “omisión de control” por parte de los exlíderes del secretariado, mientras que las víctimas exigen que sean considerados autores directos y mediatos de los crímenes de guerra y lesa humanidad.
Entre los crímenes señalados se incluyen:
Fevcol también criticó que los exlíderes guerrilleros no hayan aportado información suficiente sobre el reclutamiento forzado y los patrones de abuso. Las víctimas consideran que las versiones entregadas son incompletas y exigen que la JEP abra incidentes de incumplimiento contra quienes no colaboren con la verdad.
“Las FARC han diseñado su propia justicia para garantizar impunidad. Niegan responsabilidades, diluyen crímenes y no esclarecen nada, lo que perpetúa el dolor de las víctimas”, concluyó Fevcol.
Finalmente, las víctimas solicitaron que se amplíe la responsabilidad más allá del secretariado, incluyendo a exmiembros del Estado Mayor Central de las FARC, quienes también habrían participado en estos crímenes.
La controversia evidencia una creciente tensión entre las víctimas, que demandan justicia real, y un sistema transicional que sigue siendo cuestionado por la falta de contundencia en sus decisiones. ¿Está la JEP cumpliendo con las expectativas de justicia para las víctimas del conflicto armado? La respuesta sigue siendo incierta.
