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El Tribunal Administrativo de Arauca ha encendido una controversia nacional al admitir una acción popular presentada por la Fundación para el Estado de Derecho (FED) contra el presidente Gustavo Petro y los ministerios de Defensa e Interior.
La demanda acusa al gobierno de permitir el agravamiento de la crisis de seguridad en el departamento, donde la violencia de grupos armados ilegales ha generado una emergencia humanitaria sin precedentes.
La acción legal, dirigida también contra el ministro de Defensa, Iván Velásquez, y el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, denuncia el abandono estatal en una región marcada por enfrentamientos entre guerrillas, disidencias y otras estructuras ilegales. Según la FED, este vacío de autoridad ha permitido el control territorial por parte de los grupos armados, quienes imponen extorsiones, secuestros y confinamientos a las comunidades locales.
Particularmente preocupante es la situación de las comunidades indígenas, que representan el 39% de la población de Arauca. La demanda detalla cómo estas comunidades han sido confinadas, desplazadas y sometidas a condiciones de extrema precariedad, perdiendo no solo sus territorios ancestrales, sino también su seguridad alimentaria y autonomía cultural.
La FED fundamenta su acción en informes de organismos como la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General, que documentan la escalada de violencia en Arauca. Según la Fundación, los acuerdos de cese al fuego pactados con algunos grupos armados han sido incumplidos de manera sistemática, lo que agrava el conflicto y la vulnerabilidad de la población.
Entre los hechos más alarmantes presentados en la demanda están:
La FED solicita al Tribunal declarar la vulneración de los derechos colectivos a la paz, la seguridad y la moralidad administrativa en Arauca. Además, exige al Gobierno Nacional tomar medidas inmediatas para restablecer el control estatal y proteger a las comunidades afectadas.
La admisión de esta acción popular pone al Gobierno Petro en el centro de las críticas por su manejo de la seguridad en zonas de conflicto. Organizaciones sociales y sectores políticos han cuestionado la capacidad del Ejecutivo para garantizar la seguridad en territorios históricamente afectados por la violencia.
Este proceso judicial también plantea interrogantes sobre la viabilidad de la «Paz Total», la estrategia insignia del presidente Petro. Mientras el gobierno busca acuerdos con grupos armados, la realidad en Arauca sugiere que el Estado ha perdido control en varios territorios, exacerbando las condiciones de inseguridad.
La admisión de esta acción popular podría tener implicaciones legales y políticas significativas, no solo para el mandatario, sino también para su equipo de gobierno. La opinión pública está expectante sobre el desarrollo del caso, mientras la comunidad internacional mira con preocupación el deterioro de la situación en Arauca.
¿Desafío legal o político?
La próxima respuesta del gobierno podría ser decisiva para el futuro de la estrategia de seguridad y la política de reconciliación que promete Petro. La crisis en Arauca no solo evidencia un desafío operativo, sino también un golpe potencial a su narrativa de cambio y paz duradera en Colombia.
