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La polémica en torno a los compromisos del Gobierno con los firmantes del Acuerdo de Paz de 2016 vuelve a encenderse.
Cerca de 45 firmantes en La Macarena, Meta, han denunciado públicamente que aún no han recibido la asignación mensual correspondiente a diciembre, un ingreso equivalente al 90 % de un salario mínimo que representa una parte vital de su proceso de reincorporación y sustento familiar.
Salomón Bedolla, miembro del Colectivo Voces del Guayabero, expresó la frustración que se vive entre los firmantes:
“Es una situación muy compleja que se está presentando. En meses anteriores se han atrasado con la consignación, pero no tanto. Ahorita esta es la fecha que ni consignan ni nos dan una razón. Es una mamadera de gallo”.
Los afectados afirman que estos ingresos son cruciales para cubrir necesidades básicas de sus familias, especialmente en una región golpeada por la falta de oportunidades económicas.
En medio de las tensiones, la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) envió un comunicado justificando los retrasos. Según el mensaje, la situación presupuestal del país ha afectado la disponibilidad de recursos del Fondo Colombia en Paz, la entidad encargada de los desembolsos.
“El Fondo Colombia en Paz está a la espera de la aprobación de recursos dentro del Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC)”, indicó la ARN.
Sin embargo, esta explicación no ha calmado las aguas. Para los firmantes, el retraso refleja una falta de compromiso que mina la confianza en el proceso de reincorporación.
Esta no es la primera vez que los firmantes enfrentan demoras en los pagos. Aunque los atrasos han sido comunes, la falta de claridad y la ausencia de soluciones inmediatas han exacerbado la indignación.
“De esa platica mantenemos a nuestras familias. Nosotros trabajamos también, pero no alcanza con lo que ganamos. Es una afectación grande que nos están haciendo”, agregó Bedolla.
El retraso en las asignaciones no solo pone en riesgo la estabilidad económica de los firmantes y sus familias, sino que también cuestiona la capacidad del Gobierno para cumplir con uno de los pilares del Acuerdo de Paz: la reincorporación efectiva de los excombatientes.
Organizaciones de derechos humanos y defensores del proceso de paz han advertido que este tipo de incumplimientos podría fomentar la desconfianza y debilitar los esfuerzos por consolidar la paz en el país.
¿Es el retraso presupuestal una excusa válida o un reflejo de la falta de prioridad hacia el proceso de paz? La polémica está servida, y los firmantes esperan respuestas concretas antes de que termine el año.
